Guanta está allí. Aunque apenas se la ve.
Desde el mirador de El Morro, situado en el otro frente de la bahía, las luces de sus farolas titilan bajo una nube situada a baja altura.
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Es una nube distinta a las demás, más espesa, más pesada.
Si se sigue el rastro con la mirada, la vista intuye la fuente que la emite, la planta cementera de Pertigalete, situada a pocos kilómetros de Guanta y en la zona del Parque Nacional Mochima, uno de los paraísos naturales que abundan en la costa de Venezuela.
Aunque al forastero pueda sorprenderlo, los alrededor de 45.000 habitantes que se estima que tiene Guanta están habituados a vivir en un ambiente saturado de los residuos de caliza y esquisto que la planta, propiedad del Estado, utiliza para producir cemento.
Como la mayoría de sus vecinos, Gerardo Serra, de 77 años, barre a diario su casa, por dentro y por fuera.
“Aquí hay que estar siempre limpiando. Hay días en que el polvo tapa completamente el cerro”, asegura, escoba en mano, mientras señala a la montaña que se yergue frente a su casa en la urbanización Pamatacualito.
“A todos nos preocupa vivir con este problema; es una queja de todo el pueblo, pero…”
En Guanta el polvo lo impregna todo, sobre todo en la época del año en la que llueve menos.
Árboles y plantas, chamizos, cabinas telefónicas, automóviles… Nada se libra de las partículas.
Otra vecina que prefiere no ser identificada muestra los azulejos del patio de su casa, afeados por costras de un material blanquecino. Dice que, cuando llueve, con el agua caen también los materiales que emanan de Pertigalete. Si no alcanza a limpiarlos antes de que se seque el suelo, los restos se solidifican y quedan ahí para siempre.
Es lo que le ha pasado al auto que descansa en su garaje, cubierto por una suciedad que ya no cede.
Muchos en la zona cubren sus vehículos con fundas de plástico para evitar que les pase lo mismo.
Problemas respiratorios
Pero hay cosas que no se pueden cubrir, como los pulmones de la gente.
En el Centro de Diagnóstico Integral de El Chorrerón, la doctora al frente del servicio de guardia atiende, sobre todo, pacientes afectados por problemas respiratorios.
“Infecciones respiratorias, bronquiolitis y neumonías son lo más frecuente aquí”, me cuenta.
“Esta semana hemos tenido entre 30 y 40 casos. Quienes más sufren son los lactantes y los pacientes asmáticos”.
Este es uno de los centros sanitarios de Venezuela en los que trabajan médicos cubanos y a diario los pacientes aguardan junto a retratos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Fidel Castro a recibir su tratamiento.
Últimamente no resulta fácil.
“Ahora no tenemos apenas antibióticos”, afirma la doctora, antes de mostrar los nebulizadores a los que necesitan conectarse los enfermos, para los que con frecuencia tampoco hay recargas.
Los problemas respiratorios de los vecinos han sido una constante en los 8 años que lleva trabajando aquí. “Al ser la contaminación el origen del problema nunca pudimos ofrecer una solución definitiva, pero antes, al menos, podíamos tratar a la gente; ahora ya no”, lamenta.
“Quienes más sufren son los lactantes y pacientes asmáticos”.
BBC Mundo intentó sin éxito obtener la versión de las autoridades y los responsables de la planta sobre el problema de la contaminación.
Ni su propietaria, la estatal Venezolana de Cementos (Vencemos), ni el alcalde de Guanta, ni el Ministerio de Comunicación, responsable de dar información en nombre del gobierno, respondieron a la solicitud de comentarios.
No es la doctora la única que ha notado los efectos que aparentemente tiene sobre la salud de la gente la contaminación de la fábrica de Pertigalete.
“Cuando vivía en Guanta me levantaba todas las mañanas con una reacción alérgica”, recuerda Manuel Fernández, uno de los asesores que colaboró en la elaboración de un informe con el que el diputado opositor Armando Armas, elegido en el Estado Anzoátegui, denunció la acción contaminante de la cementera.
El informe encontró que, debido al polvillo, de cada 10 niños atendidos en el ambulatorio David Zambrano, el principal centro sanitario de la localidad, 6 lo eran por problemas respiratorios o cutáneos.
Los problemas respiratorios eran también una de las causas más frecuentes por las que los adultos acudían al médico.
La planta perteneció a la compañía mexicana Cemex hasta que en 2008 el entonces presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de la empresa, con el argumento, entre otros, de que no cumplía sus obligaciones sobre protección medioambiental.
Quienes mejor la conocen son sus trabajadores, algunos de los cuales conversaron con BBC Mundo bajo condición de anonimato. Aseguran que varios de sus representantes sindicales han sido “secuestrados” e intimidados por parte de los servicios de seguridad.
“El problema de la contaminación siempre existió, pero se ha agravado desde la expropiación por la falta de mantenimiento”.
Sin filtros
Según el relato de los empleados, los filtros que deben succionar los residuos que genera el proceso de producción del cemento están dañados y ya no cumplen su función, por lo que ahora salen al aire sin control.
Paradójicamente, aunque seis de sus siete hornos están parados y la producción ha caído a mínimos históricos, ahora contamina más que nunca.
“La tecnología está obsoleta y eso está provocando un daño ambiental incalculable”, denuncian los empleados, que reclaman al gobierno que invierta en el mantenimiento de la planta para hacerla sostenible, en lo económico y en lo ambiental.
La zona en la que se ubica la planta tiene un alto valor ecológico. Se trata del Parque Nacional Mochima, casi cien mil hectáreas de “bahías, playas, islas, golfos y ensenadas de grandes maravillas naturales”, privilegiada por una “exuberante diversidad biológica”, de acuerdo con la descripción del Instituto Nacional de Parques.
Se trata de un paraíso al que tradicionalmente acudían turistas de todo el país para disfrutar sus vacaciones, aunque la crisis actual de Venezuela haya hecho caer drásticamente el flujo de visitantes.
“Nunca lo arreglarán”
Manuel Fernández asegura que “la empresa no solo contamina el aire, sino también los acuíferos”, una denuncia secundada por Antonio Oteiza, presidente de la asociación Movimiento Ecológico, que afirma: “Hace tiempo comprobamos que el polvo está cubriendo los corales”.
El problema, dice Fernández, ha alcanzado ya a otras poblaciones de la cercana Gran Barcelona, una de las mayores concentraciones urbanas de Venezuela, en la que muchas comunidades viven de la pesca.
Según la oficina del diputado Armas, que ahora vive fuera del país a causa de lo que sus colaboradores describen como “persecución gubernamental”, ya en 2011 se elevó una queja a la Asamblea Nacional, que ordenó realizar un estudio sobre el impacto medioambiental de la cementera.
Nunca llegó a realizarse.
Tampoco se cumplieron las directrices que en 2014 dio el Ministerio de Medio Ambiente para reducir los daños provocados por la planta, ni las reiteradas promesas de las autoridades locales de destinar a tal fin fondos de la petrolera estatal PDVSA.
A estas alturas, muchos en Guanta creen más probable que la planta acabe cerrando por su inoperatividad antes de que se subsanen los problemas que la han vuelto tan nociva.
La mujer que no quiso identificarse resume ese sentir: “Eso no lo van a arreglar. Si quisieran hacerlo, ya lo hubieran hecho”.
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