Caracas. Nicolás Maduro anunció el martes que en tres días debe retirarse de Venezuela todo el personal que queda en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, luego de que su gobierno decidiera suspender las negociaciones para establecer una oficina de intereses alegando que se estaba preparando una “trampa”.
“Por ahora se cierra la negociación. Qué se vayan”, dijo Maduro en un discurso televisado, y agregó que por el momento quedan suspendidas las negociaciones para establecer en los dos países oficinas de intereses que se venían adelantando luego de la ruptura de relaciones y la expulsión del personal diplomático estadounidense que acordó Venezuela el 23 de enero.
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Tras el anuncio de la ruptura de relaciones, Venezuela sacó de Estados Unidos a todo su personal diplomático, y el Departamento de Estado también retiró parte del personal de la embajada estadounidense en Caracas.
Maduro afirmó que se estaban utilizando las negociaciones para “montar una trampa de falsos positivos”, pero no ofreció detalles.
A pesar de la decisión, Maduro se mostró dispuesto a que los representantes diplomáticos de ambos países en Naciones Unidas retomen en Nueva York las negociaciones para crear la oficina de intereses para atender los asuntos comerciales y consulares.
Más temprano, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, dijo que la víspera fue convocado a la cancillería el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, James Story, para comunicarle que Venezuela decidió “no prorrogar” la presencia del personal diplomático de ese país.
El anuncio se dio un día después de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, indicara que Estados Unidos retiraría al resto del personal de su embajada en Caracas debido al deterioro de la situación. A fines de enero Washington había retirado a una parte de su personal diplomático luego de que Maduro ordenara su expulsión y les diera 72 horas para abandonar el país, decisión de la que luego se retractó.
Al explicar las razones de la decisión, Arreaza dijo que la medida fue tomada por el “riesgo que entraña para la paz nacional” la presencia de los diplomáticos estadounidenses.
Desde el 2010 ambos países están sin embajador.
Por otra parte, la Fiscalía General de Venezuela anunció el martes la apertura de una investigación judicial el presidente encargado del país, Juan Guaidó, por su supuesta vinculación con un ataque al sistema eléctrico que generó un apagón nacional que se extendió por cuatro días.
El jefe del Ministerio Público, Tarek William Saab, dijo a la prensa que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia abrir un procedimiento de investigación contra Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, por su “presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional”.
Como parte de las pruebas Saab presentó un mensaje que Guaidó difundió en su cuenta de Twitter luego del inicio el 7 de marzo del apagón nacional, en el que expresó que “Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación”.
El fiscal general también responsabilizó a Guaidó de utilizar su cuenta en esa red social para incitar a la violencia.
La acción del fiscal general, ex miembro del partido oficialista, se da un día después de que Maduro pidiera al Poder Judicial ejercer acciones contra los responsables de los cinco ataques que dijo que sufrió en los últimos días el sistema eléctrico.
Maduro expresó el martes su respaldo a las acciones del fiscal general y dijo en un discurso televisado que tiene que aplicarse las leyes de “manera severa” a los autores nacionales y materiales del ataque al sistema eléctrico que aseguró que buscaba generar una “explosión social” para luego llamar a “asaltar el poder político”.
Maduro dijo que el sistema eléctrico fue objeto de un “ciberataque” que fue ordenado y ejecutado desde Estados Unidos, pero no ofreció pruebas. Para investigar el apagón nacional se designó una comisión presidencial encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Al rechazar la investigación, Guaidó sostuvo en el Congreso que se trata de un plan que busca judicializar un “proceso de persecución”.
“Toda Venezuela y el mundo saben quiénes son los ladrones, los culpables de la crisis y los que tienen al pueblo pasando hambre”, agregó.
A fines de enero la Fiscalía General había abierto una primera investigación contra el jefe de la Asamblea Nacional por supuestos hechos violentos que no han sido precisados hasta la fecha. Como parte de ese proceso el máximo tribunal, controlado por el gobierno, le prohibió la salida del país a Guaidó y congeló sus cuentas bancarias y activos. Sin embargo, el líder opositor salió a fines de febrero del país para realizar una gira por Sudamérica desconociendo la prohibición del Tribunal Supremo.
La apertura del segundo proceso contra el dirigente se da en medio de una escalada del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, que convocó el martes a nuevas protestas callejeras para elevar las presiones contra Maduro.
Varios cientos de personas se concentraron la tarde del martes en diferentes puntos de la capital para protestar contra el gobierno. “Han sido días muy oscuros, pero no nos vamos a detener ni un segundo”, afirmó el dirigente de 35 años ante cientos de seguidores que se concentraron en una avenida del oeste de la capital, y agregó “vienen días duros... pero serán determinantes”.
El jefe de la Asamblea Nacional condenó los saqueos de algunos comercios que se registraron en la capital y otras ciudades del interior y pidió respeto a la propiedad privada. “Maracaibo está pasando horas muy duras”, dijo Guaidó al referirse a los saqueos de supermercados, carnicerías, panaderías, farmacias y pequeños comercios que se registraron en los últimos días en la capital del estado occidental del Zulia.
En medio del complejo contexto, una misión técnica preliminar de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos inició una visita al país y se reunió la víspera con Arreaza. Durante la jornada la misión sostuvo un encuentro con Guaidó y otros miembros de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, quienes le entregaron un informe de presuntas violaciones a los derechos humanos.
La misión estará en el país hasta el 22 de marzo para elaborar un informe que sirva de base para una posible visita de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, quien fue invitada por el gobierno venezolano.
Fuente: AP
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