La página web del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) promociona su programa Facilito y recomienda: “Antes de ir a un establecimiento de venta al público a comprar combustible, consulta los precios desde tu propia casa, y así tomar una mejor decisión [sic]”.
La Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley 26221), que norma todas las actividades para este sector en nuestro país, establece en su artículo 77: “Las actividades y los precios relacionados con el petróleo crudo y los productos derivados se rigen por la oferta y demanda”, en un contexto de libre mercado.
Este es un principio de libre competencia garantizado por nuestra Constitución y que ha permitido el desarrollo de importantes inversiones, con la garantía de que estas se podrían recuperar en un marco de institucionalidad que premie el mayor esfuerzo y que ofrezcan al consumidor una oferta adecuada de calidad, cantidad y servicio.
Limitar esta mejor oferta orientando oficialmente al consumidor a solo buscar el menor precio desincentiva la inversión y los múltiples gastos que provienen de brindar un servicio de excelencia. Es, además, contraria a los principios de oferta y demanda que la propia ley garantiza.
Consideramos que no es adecuada una política gubernamental que direccione la demanda de combustibles solo hacia el proveedor que publicite el menor precio, pretendiendo con ello castigar la oferta de mejor calidad y servicio. Hacerlo así solo significa pretender demostrar que el combustible comercializado sea el mismo en todas las estaciones de servicio, lo que no es cierto. Además, que todas ellas presentan garantías de calidad y servicio exactamente iguales, lo cual tampoco es cierto.
Vale recordar que nuestro mercado está abastecido con combustibles de distinta procedencia, tanto nacional como importada. Consideremos que las refinerías locales agregan aditivos para mejorar el producto final y que además estos son de diferente calidad, generación y precio. ¿Acaso ello es reconocido por el Facilito de Osinergmin?
No es cierto, pues, que todos los combustibles sean iguales. Quizá lo sean en su formulación básica y mínimo requerimiento, pero el consumidor tiene derecho a tener cada vez productos de mejor calidad.
Es claro que tener precios bajos, productos de mala calidad y un servicio mediocre termina siendo más caro para el consumidor. Hay que entender que se trata de valor y no de precio.
En resumen, orientar la demanda solo por precio, tal como se viene haciendo, no es técnicamente correcto. Tampoco lo es omitir en la información del Facilito si el establecimiento ha sido sancionado o no por el regulador en los controles de calidad y cantidad que se le han practicado. Igualmente no hay una calificación del servicio de los puntos de venta.
Según esta visión equivocada del Estado, el servicio, la inversión y el buen trabajo no valen nada. En ese sentido, ¿cómo construiremos un país si no educamos y empoderamos al consumidor con información que le permita saber elegir lo que más le conviene?