Nuestras regulaciones exigen a los candidatos presentar sendos planes de gobierno al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los que están a disposición pública en la página web de esta entidad.
Al igual que otras disposiciones, con esta medida se busca mejorar la calidad del proceso electoral. La norma obliga a que partidos y candidatos hagan planes de gobierno. Asimismo, la publicación de estos y el pudor político tendrían que llevar a que los planes sean competitivos.
El cumplimiento de la norma y la necesidad de elaborar contenidos llevan a los candidatos, con mejor estructura organizativa o mayor capacidad de convocatoria, a reunir a sus “cuadros técnicos” y a profesionales invitados para confeccionar el plan. Los candidatos con menos capacidades lo harán para salir del paso.
Finalmente, esos planes estructurados (de buena, regular y mala calidad) son publicados y consultados por unos cuantos interesados de la élite intelectual, profesional, política y mediática, para fines políticos, informativos o de conocimiento.
Algunos componentes del plan de gobierno de los candidatos ingresan a los espacios públicos de la campaña asignados al debate especializado.
En la práctica, los planes de gobierno son necesarios, pero no tienen un impacto masivo, no generan el interés del ciudadano común y corriente, y no llegan a tener gran influencia en la decisión de voto.
Tampoco existe un mecanismo de control para validar el cumplimiento del plan de gobierno una vez que el candidato es elegido e inicia y desarrolla sus funciones como gobernante. Una prueba es la gran transformación, que presentó Ollanta Humala en el 2011, que luego no cumplió. Si lo hubiera hecho, el país hubiera sido conducido por el rumbo del estatismo que fracasó en el pasado.
¿Cuál es el nivel de contenidos del plan de gobierno que llega a la opinión pública? Básicamente, aquellos contenidos priorizados por los candidatos y sus equipos políticos y de márketing, bajo la premisa del mayor impacto para conseguir votos.
La necesidad de la estrategia de comunicación conduce al uso de criterios como segmentación, mensaje, publicidad, medios, redes sociales, márketing directo, merchandising... y este es el terreno del márketing político, que gobierna las campañas electorales desde el triunfo de ‘Ike’ Eisenhower en Estados Unidos: “I like Ike”.
Así, el plan de gobierno es desestructurado para extraer de él algunos contenidos generales y otros segmentados que correspondan a la estrategia de campaña. Estos mensajes llegan a la opinión pública como píldoras sensitivas, con promesas de beneficios para mover las actitudes y conductas políticas y electorales de los votantes.
Es decir, en el discurso del candidato y en la publicidad política, no se suele informar sobre los planes de gobierno. Las prioridades del mensaje las establece el márketing político.
Por otro lado, los medios de comunicación tampoco suelen informar suficientemente sobre los planes de gobierno.
En general, candidatos y medios priorizan los ataques personales, las denuncias, la judicialización y otros contenidos que cubren la mayor parte del espacio mediático en campaña. No priorizan los planes de gobierno.