Primero la institucionalidad, por Juan Carlos Eguren
CongresistaNuevamente el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, está en el ojo de la tormenta tras revelarse que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) le inició un cuarto proceso de investigación ypor la declaración de varios testigos sobre sus supuestas visitas a las oficinas del abogado y empresario Rodolfo Orellana, hoy preso por presuntamente encabezar una organización criminal que tendió sus tentáculos en diversas entidades.
A menos de un año de ser elegido como el máximo representante del Ministerio Público, su gestión ha sido objeto de severos cuestionamientos en la prensa. Recuérdese la cercanía con el hoy encarcelado presidente del Gobierno Regional de Áncash, César Álvarez, en el Caso ‘La Centralita’.
Precisamente por ello, el CNM le abrió la semana pasada un nuevo proceso disciplinario por presuntamente haber vulnerado los principios de independencia y autonomía en la función fiscal cuando propuso la destitución del fiscal de Chimbote, Luis Checa, y sancionó a un grupo de fiscales que investigaban a Álvarez.
Ya en octubre el CNM le había abierto dos procesos disciplinarios por el Caso ‘La Centralita’, la sanción impuesta al fiscal Checa y sus presuntos nexos con Rodolfo Orellana.
Es lamentable que el Ministerio Público, que es el organismo autónomo del Estado que tiene como función principal la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, así como velar por la moral pública, se encuentre inmersa en una de las crisis institucionales más graves de su historia.
La imagen e institucionalidad del Ministerio Público no pueden estar bajo la sombra de la sospecha, el descrédito y el cuestionamiento diario por la acción y gestión de su principal representante.
Creemos que el fiscal Ramos Heredia debería dar un paso al costado y renunciar al cargo. Ello no significa que sea culpable de las serias denuncias y acusaciones que pesan en su contra, pues dependerá del curso de las investigaciones que se realicen en torno a su accionar en los casos Orellana y Álvarez si se establece su responsabilidad o inocencia.
Un hombre de la trayectoria de Ramos Heredia debe comprender que siempre tiene que anteponer el interés de la institución a los intereses personales, ese es un principio fundamental de todo alto funcionario.
Consideramos también que el CNM debería acelerar los procesos disciplinarios que pesan sobre el máximo representante del Ministerio Público y evitar, así, que se siga afectando el nombre de una institución que está llamada, según la Constitución, a promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.
Por último, queremos recalcar que desafortunadamente el año que termina ha sido sumamente negativo para las instituciones del Estado debido al incesante e indetenible avance de la corrupción, lo cual ha generado un clima de desconfianza y credibilidad entre la población que solo debilita nuestra democracia.
Confiamos en que el año venidero se adopten las acciones correctivas dirigidas a mostrar resultados concretos en la lucha contra la corrupción, lo cual redundará en la mejora del sistema democrático.
No debe renunciar, por Daniel Abugattas
Congresista
Una reciente publicación de un conocido semanario ha reactivado la andanada de críticas y una batahola mediática contra el actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, que se basa en la instauración de cuatro procedimientos administrativos disciplinarios ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y sendos pedidos de renuncia a cargo de diversas ONG y de algunos representantes de la sociedad civil, por una aparente vinculación con la red Orellana. Sumado a los resultados –parciales– de la Comisión Orellana, ha surgido el cuestionamiento de si es o no adecuado que el fiscal de la Nación siga en el cargo, teniendo en cuenta que él recibirá el informe final de dicha comisión.
Para empezar el debate, debemos recordar que las testimoniales conocidas hasta ahora, requieren previamente ser corroboradas y sustentadas con otros elementos probatorios para que tengan plena eficacia, solo así podríamos pasar a cuestionar si la permanencia de Ramos Heredia menoscaba la defensa de los intereses perseguidos por el Ministerio Público.
Al respecto, opino que hay que tomar en cuenta que bajo el mandato del ahora cuestionado Ramos Heredia se capturó a Orellana y se planteó su detención preventiva. Además, apostó por un cambio de fiscales y puso a cargo del caso a Marita Barreto, cuya labor ha sido aplaudida por tirios y troyanos, muchos de los cuales hoy le piden su renuncia.
No debe pasarse por alto que también durante su gestión se han desarticulado otras organizaciones criminales (recientemente la de extorsionadores Los Pulpos de Trujillo); se ha investigado y/o procesado a presidentes regionales acusados por la posible comisión de delitos como lavado de activos o corrupción (Kléver Meléndez de Pasco, Gregorio Santos de Cajamarca, Javier Atkins de Piura), incluso algunos se encuentran fugados a la acción de la justicia (Gerardo Viñas Dioses de Tumbes); o se han seguido las investigaciones con miras a sancionar a una posible organización criminal enquistada en la Federación Peruana de Fútbol (Caso Manuel Burga).
Mientras el ruido mediático no cesa, el CNM antes del mes de febrero resolverá los procedimientos administrativos pendientes contra Ramos Heredia y decidirá si corresponde o no su destitución. Esta será una buena oportunidad para observar si las sospechas en su contra tienen algún fundamento o, en caso salga bien parado de las investigaciones, se refuerce su imagen ante la opinión pública que le permita seguir con más tranquilidad al mando del Ministerio Público.
Entendemos que resultaría más gravosa y perjudicial una eventual situación de acefalía de la Fiscalía de la Nación por la presión mediática ejercida en su contra en este momento, por darle crédito y mérito a declaraciones de terceros no contrastadas y que bien podrían ser parte de una estrategia legal de una red criminal harto conocida.
La opinión pública tiene que ser paciente y procesar que los pequeños logros obtenidos en la lucha anticorrupción son parte de una línea programática y tienen efectos a largo plazo y que la rotación de funcionarios y las demás exigencias mediáticas suponen un costo mucho más alto del que se quiere evitar suponiendo el quiebre de nuestra institucionalidad.