Durante los últimos días, como cada cierto tiempo en el Perú, la campaña electoral se abarrotó de agresiones, ‘fake news’ e intentos de manipulación al votante.
Las taras evidenciadas por partidos que buscan completar el período congresal (2016-2021), lamentablemente, no son nuevas. Sin embargo, en un contexto de creciente uso de las tecnologías de predicción –e influencia– del comportamiento, dichas prácticas cuestionables constituyen peligrosos insumos sobre los que especialistas dedicados a la gestión de data y tecnologías de la información tenemos el deber de advertir.
En el entorno tecnológico actual, la data es la herramienta más poderosa que tienen las organizaciones para influenciar el comportamiento de las personas. Prueba de ello es que los datos, junto a las ‘fake news’ como las que hoy inundan la campaña congresal peruana, tuvieron un rol protagónico en el escándalo de Cambridge Analytica.
En el 2016, la desaparecida compañía inglesa vulneró la seguridad de organizaciones con gran almacenamiento de datos, como Facebook, y se apoderó así de información personal de más de 50 millones de individuos para beneficiar la candidatura presidencial de Donald Trump. La gran cantidad de datos fue utilizada por Cambridge Analytica para identificar, casi de forma personalizada, el medio, el contenido, el tema y el tono que necesitaba una ‘fake new’ para modificar el pensamiento de cada votante; un modus operandi que se aplicó también en el referéndum por el ‘brexit’.
Cuatro años después, los avances en big data e inteligencia artificial nos demuestran que los ciudadanos somos cada vez más susceptibles de ser manipulados, sobre todo en países con bajos niveles de prevención, control y respuesta como el nuestro. Un estudio del Foro de Seguridad Informática de ESET –multinacional referente en riesgos informáticos– determinó hace un par de años que el Perú es el país latinoamericano con mayor porcentaje (alrededor del 25%) de incidencia de ataques de secuestro de datos y, en el 2018, instituciones financieras peruanas reconocieron haber sido víctimas de ataques cibernéticos internacionales.
El país es vulnerable y sus procesos electorales, también. En la última campaña presidencial, por ejemplo, se empleó la microsegmentación para favorecer ciertas candidaturas. Si bien el uso de esta estrategia no es perjudicial en sí misma, sumarla a la creciente irrupción de ‘fake news’ contribuye a un actual escenario de riesgo similar al de Cambridge Analytica. Hoy, intereses políticos particulares pueden aprovechar la vulnerabilidad en el reconocimiento de si la información es veraz o no por parte de determinado sector de la población.
Para evitarlo, resulta indispensable que empresas que manejan datos en nuestro país empiecen a implementar protocolos realmente seguros de gobierno de datos. Del mismo modo, impera la necesidad de que el Estado establezca lineamientos, tanto de seguridad como de privacidad, a la par de países desarrollados. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es un buen paradigma de legislación, ya que, por un lado, plantea sanciones, pero, a la vez, le exige a las empresas y a las instituciones ser transparentes y concientizar a los ciudadanos sobre las implicancias que tiene el consentimiento en el uso de sus datos personales.
En el Perú, necesitamos dejar de mirar con recelo avances tecnológicos como Cloud o Blockchain, mientras nos ufanamos de almacenar datos en servidores físicos o tomos interminables de papel. La trazabilidad que nos brindan las nuevas tecnologías permite un mejor reconocimiento del uso de la data y de cualquier violación a protocolos de seguridad.
La vulnerabilidad es el caldo de cultivo de la manipulación. Por ello, incluso si las características inusuales de las elecciones de enero impidiesen el despliegue a gran escala de una estrategia similar a la de Cambridge Analytica, el proceso electoral podría ser utilizado como un gran laboratorio de ensayos para nocivas organizaciones políticas que buscan aprovecharse de estas estrategias con miras a las elecciones del 2021.
El reconocimiento de debilidades propias es la única arma que tenemos para exigirle al gobierno, empresas y medios de comunicación mecanismos que eviten que nuestra voluntad pueda ser manejada a costa de nuestros principios. En ese sentido, es necesario destacar el esfuerzo de instituciones como El Comercio en el ‘fact-checking’ de contenidos que hoy inundan la campaña electoral, e iniciativas como la Mediathon realizada en noviembre, que buscan desarrollar mecanismos para enfrentar la desinformación.
Una mala apuesta política nacida de la desinformación puede acarrear consecuencias lamentables para nuestro futuro y desarrollo.