El reingreso del consejero Alfredo Quispe al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), gracias a los votos de sus cinco nuevos colegas, ha desatado la peor crisis de la institución en sus 20 años. El nuevo lema “Será inmoral, pero no es delito” pinta de cuerpo entero lo que será la gestión del CNM en el próximo quinquenio. Además, anula toda garantía de apariencia e imparcialidad en la selección, ratificación y destitución de los jueces y fiscales de todo el país, incluidos los supremos.
La decisión del escándalo ha ignorado serias denuncias de presuntos actos de corrupción en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (becas, recategorizaciones) y presuntos acosos sexuales. En su lugar, el nuevo CNM indica que no hubo peritaje de corroboración del audio acusatorio, que las denunciantes del acoso se retractaron y que en todo caso los cuestionamientos son de una época anterior a que fuera consejero.
¿Cómo la institución a cargo de la investigación no logró un peritaje serio? ¿Cómo la información difundida de la Resolución 26-TH-2007-UIGV, en la figurarían las denuncias del 2007, según un diario local, fue desvirtuada? ¿Basta con que se retracten? La justificación basada en el tiempo de los hechos, facilista y leguleya, tiene un solo efecto: la impunidad.
Se pisotea, por decir lo menos, el deber de proteger la apariencia de independencia e imparcialidad de la magistratura, de motivar razonable y suficientemente su decisión, de asegurar que un consejo de la judicatura como este cuente con integrantes intachables y que den garantías. Lo exige la Constitución y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una reciente sentencia del 5 de octubre, pero el comunicado final del CNM, en un proceso del que no se conoce documento, resolución o acta alguna, pretende imponerse arbitrariamente. El Congreso, por el bien del país, no debe permitirlo y los ciudadanos tampoco.
La génesis de la defunción del CNM apunta a un debate estructural: la forma como se elige a los consejeros, los requisitos y el cierre a las presuntas redes e intereses que quieren imponer a sus candidatos. Y ahí todos los consejeros actuales, sin excepción, están cuestionados. El Instituto de Defensa Legal (IDL) lo señaló en su momento, pero los votantes decidieron escoger, justamente, a quienes ahora se confirman como los peores.
Quispe debe ser removido, así como Máximo Herrera por la gravedad del almuerzo con un postulante en plena convocatoria. Pero también los consejeros que han avalado la ruptura de las garantías del CNM y que ahora son encabezados por Guido Águila, el representante de los abogados. Al nuevo presidente, cuestionado por el conflicto de interés con una empresa y su presunta cercanía a Rodolfo Orellana, no le costó, rápidamente, conseguir y aceptar el cargo.
El CNM es una institución por la que vale la pena luchar: sacó a Robinson Gonzales, destituyó a Carlos Ramos, impidió que sean fiscales supremos perfiles como Mateo Castañeda o Hinostroza Pariachi. Necesita reformas, sí . Y muchas. Pero antes era impensable lograr eso. Ahora aparece capturado y debemos luchar por él y la defensa de la justicia en el país.