Quienes trabajamos en municipios capitalinos sabemos que existen una serie de reformas legislativas necesarias para el mejor funcionamiento de nuestra ciudad. Estas reformas no han sido discutidas por el actual Congreso de la República, pese a contar con 36 congresistas que viven en Lima y fueron elegidos por sus vecinos.
Empecemos por los temas más urgentes de la ciudad: seguridad y tránsito. En materia de seguridad ciudadana, no existe una ley que desarrolle el artículo de la Constitución que establece el rol que cumplen los municipios en la seguridad ciudadana. Dicha norma podría servir para institucionalizar más la relación entre los gobiernos locales y las comisarías. Así, se aseguraría el adecuado funcionamiento de los comités distritales de seguridad ciudadana, los patrullajes integrados y los mapas de delito con información tanto de la policía como del serenazgo.
En materia de transporte, hay dos reformas concretas que pueden ayudar a cambiar el caos actual que se vive en la capital y que hace que –según la Fundación Transitemos– los limeños pierdan siete días al año en el tráfico. Una de ellas es la creación de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao, integrada por el Ministerio de Transportes y las municipalidades provinciales de ambas circunscripciones. De esta manera sería más ejecutiva la planificación y ejecución de las obras de infraestructura vial, la modernización y el ordenamiento de las rutas de transporte público, entre otros aspectos para una mejora integral de la movilidad urbana.
La segunda reforma tiene que ver con la municipalización de la labor de la Policía de Tránsito. Así los municipios distritales, que están más cerca de las necesidades del ciudadano, dirigirían todas las labores de control del tránsito, teniendo a los vecinos como principales fiscalizadores de que así sea. Esta medida, además de conseguir más control en las calles, permitirá que la policía cuente con más personal para todo lo relacionado con la seguridad ciudadana.
Otro tema pendiente es la urgente reforma de la administración de la Costa Verde. La mesa redonda convocada por El Comercio en enero del 2014 demostró que existía consenso entre los principales actores vinculados a la Costa Verde en señalar que el actual modelo era obsoleto y no permitía un adecuado manejo de tan privilegiado espacio.
Un tema más complejo pero que resulta fundamental que empiece a discutirse en espacios oficiales es el del ordenamiento territorial de la capital. ¿Es viable una metrópolis con 43 autoridades distritales? ¿Qué alternativas realistas de reforma debemos empezar a debatir?
Estos temas se encuentran en el debate municipal hace ya algunos años, pero lamentablemente no se han traducido en el debate y aprobación de leyes en el Congreso. Esta situación debe cambiar. El Parlamento necesita una mesa permanente de trabajo sobre los problemas de Lima. Este espacio debería ser multipartidario, con los congresistas elegidos por los limeños y con participación activa de los alcaldes de la capital. De este espacio deben salir propuestas concretas que beneficien el manejo de la ciudad.
Lima no es solo responsabilidad de los municipios y sus alcaldes, los congresistas deben asumir el rol que les corresponde. Esperemos que estos temas formen parte del debate en la presente campaña electoral.