No conocemos con exactitud la cantidad de dinero proveniente del escándalo que involucra a Odebrecht y a otras empresas que fue destinado a financiar las campañas electorales. Difícilmente llegaremos a conocer el monto exacto, en parte debido a que, en realidad, en el Perú no sabemos cuánto cuesta una campaña electoral. Esto porque no todo lo gastado se reporta a la ONPE y esta carece actualmente de herramientas suficientes para calcular con exactitud lo recibido y gastado por cada partido o alianza electoral en una campaña.
La información difundida en la prensa, no obstante, indica que al menos una parte importante del dinero de la corrupción ingresó vía campañas electorales, como ingresa también el dinero del narcotráfico y de otras actividades delincuenciales. Obtener lecciones del escándalo Odebrecht para la reforma electoral y, en particular, para el financiamiento de la política es una responsabilidad que no podemos eludir y que el Congreso debe considerar como parte de la reforma política que esperamos sea aprobada pronto. Voy a reseñar aquí algunas propuestas para contribuir al debate.
En primer lugar, es pertinente limitar los costos de las campañas electorales, como lo hace Argentina, Chile, Colombia, México o Paraguay. Según los reportes de la ONPE, los mayores gastos son los destinados a la publicidad electoral, especialmente en radio y televisión. Podríamos optar por reducir los gastos en este tipo de publicidad, de tal manera que las organizaciones políticas necesiten de menos dinero para llevar con éxito sus campañas. Así se disminuiría el incentivo a buscar o aceptar fondos de procedencia dudosa o ilegal.
Países como México, Chile, Brasil y Ecuador prohíben la compra de espacios en TV o radio. Una medida intermedia sería no eliminar pero sí limitar estos gastos a, por ejemplo, no más del 20% de los costos totales de una campaña electoral. Una medida así supondría que los partidos, movimientos y alianzas utilicen fundamentalmente la franja electoral que como financiamiento público indirecto ofrece y paga el Estado y que actualmente no es aprovechada de la mejor manera.
Además, ello supondría modificar la normativa sobre financiamiento público directo para permitir que sea utilizado también en campañas electorales. Recordemos que el financiamiento público directo se hará efectivo a partir de este año, pero que la ley actual solo faculta su uso para capacitación y gastos ordinarios.
Una segunda medida sería regular mejor el financiamiento privado. La Comisión Presidencial de Integridad incluyó en su informe presentado en diciembre pasado la prohibición de que capitales extranjeros financien campañas electorales. De aprobarse esta medida, Odebrecht y sus similares estarían impedidas de apoyar candidaturas y serían únicamente las empresas nacionales las responsables del financiamiento privado de las campañas, además de las personas naturales. Una medida de esta naturaleza busca evitar que intereses económicos foráneos interfieran en decisiones políticas nacionales.
Complementariamente, habría que incrementar los topes de los aportes de empresas y personas a las organizaciones políticas y sus campañas. Y también exigir que todo aportante declare ante la ONPE los montos y beneficiarios de sus donaciones en aras de transparentar el financiamiento de la política y facilitar la supervisión.
La tercera línea de propuestas se orienta hacia la sanción. Las multas no funcionan. Por eso, Transparencia ha planteado en el Plan 32 que quienes oculten o alteren información sobre las finanzas de campaña reciban sanciones políticas, incluyendo la suspensión en el registro de organizaciones políticas y la prohibición de participar en elecciones. Visto así, probablemente el escándalo Odebrecht nos deje con menos partidos de los actuales.
De lo que se trata es de incentivar que quienes buscan el poder lo hagan empleando medios lícitos y proteger a la democracia de la corrupción y otras formas delictivas.