Las advertencias se dieron y empiezan a sentirse los daños. Pero aún hay tiempo de rectificar, en lo que se espera una actuación coherente, firme y oportuna del Tribunal Constitucional (TC), que en las últimas horas ya admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra la llamada “ley mordaza”.
Dicha norma, que prohíbe la publicidad estatal específicamente en medios de comunicación privados, demuestra hasta qué riesgosos extremos puede llevar la obcecación y animosidad de un grupo congresal al apoyar la absurda e inconstitucional medida.
En Puno han tenido que suspenderse campañas de vacunación y de información contra el friaje del Ministerio de Salud, transmitidas en quechua. Lo mismo pasa con las campañas de Qali Warma y del Ministerio del Ambiente. Como puede verse, los mayores afectados son los peruanos más pobres que habitan zonas alejadas, donde las municipalidades y gobiernos regionales promueven campañas junto con emisoras pequeñas. Aquí difícilmente llegan Radio Nacional, Internet y las redes sociales, por lo que se estaría poniendo en riesgo la convivencia y hasta la supervivencia de estos ciudadanos.
¿Acaso se pretende que se vuelva a los tiempos del manguaré, instrumento de percusión precolombino, compuesto de dos troncos y cuyo sonido se escucha a unos 20 kilómetros de distancia? Este se usaba mayormente para convocar a asambleas, mas no tiene la sofisticación necesaria para las necesidades e imponderables del siglo XXI.
No se puede tapar el sol con un dedo. Es sintomático que varios congresistas fujimoristas hayan empezado a plantear proyectos para abrir forados y excepciones a la ley aprobada por ellos mismos. Un contrasentido clamoroso.
Destacados constitucionalistas, así como organismos de derechos humanos y defensa de la libertad de expresión, han denunciado los gravísimos vicios de forma y de fondo de la ley, así como su talante censurador y conculcador del fundamental derecho ciudadano a la información.
Desde el lado de los medios de comunicación, la afectación no es menor. Aparte de constituir un mecanismo de censura y mordaza, que restringe arteramente el derecho ciudadano a ser informado sobre la gestión del Estado, se afecta también la actividad e incluso pervivencia de algunos medios, sobre todo rurales. Un informe de radio Cutivalú ha advertido que al menos 30 radioemisoras de provincias estarían condenadas a desaparecer.
¿Qué necesidad había de llegar a estos extremos de confrontación e inestabilidad con visos de oscurantismo autoritario? Pues ninguna. Desde el propio presidente Martín Vizcarra y el defensor del Pueblo hasta el presidente del Poder Judicial y el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, han rechazado por inconstitucional la iniciativa. En el mismo sentido se expresaron entidades como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), la SIP, la Asociación Mundial de Radios, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el IPYS, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, la Confiep y la Asociación Nacional de Periodistas.
Como lo hemos dicho desde el CPP, se trata de un mecanismo de censura indirecta que, tras objetivos en apariencia loables, como garantizar el buen uso de los recursos públicos, oculta la real intención de ejercer presión sobre los medios de comunicación a fin de condicionar su línea editorial, sospecha que fue confirmada por propias declaraciones del presidente del Parlamento, Luis Galarreta.
La recusable “ley mordaza” vulnera, entre otras cosas, los derechos a la información, a la libertad de contratación con fines lícitos, a la igualdad en el ejercicio del derecho a recibir información sobre las actividades de los órganos estatales, a la libertad de expresión, además de restringir la obligación estatal de garantizar el derecho a recibir información del Estado. La Defensoría del Pueblo, con buen criterio, ha anunciado que participará en dicho proceso ante el TC, mediante la presentación de un “amicus curiae”.
Corresponde ahora al TC restituir las cosas a donde deben estar: a estándares compatibles con el ordenamiento constitucional y el Estado de derecho, donde el respeto a la libertad de información y el derecho ciudadano a informarse sin discriminación tienen rango de fundamentales y no son negociables, so riesgo de afectar gravemente el andamiaje democrático. El Congreso, en tanto, debe asumir su responsabilidad de legislar con sensatez y en aras del interés nacional, sin dejarse llevar por resquemores revanchistas, y entendiendo la trascendencia así como los límites de sus fueros.