Los 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el objetivo de erradicar todo tipo de violencia que afecta el desarrollo y la vida de las niñas y mujeres en todos los países del mundo. En el Perú esa es aún una gran tarea pendiente. A pesar de los avances en materia normativa con la promulgación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Ley 30364), y la puesta en marcha del Plan Nacional contra la Violencia de Género (2016-2021) y sus diferentes mecanismos de implementación, las cifras en el país siguen siendo alarmantes.
Según datos del Ministerio Público y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Perú, cada minuto, una mujer sufre violencia física y cada 24 horas 5 niñas se convierten en madres. En el 2017 se registraron 105 feminicidios y en lo que va del 2018 ya son 120 las mujeres que han sido asesinadas en manos de sus parejas o ex parejas. La violencia de género es la trágica consecuencia de una serie de patrones socioculturales arraigados y de relaciones de poder históricamente desiguales que colocan a la mujer en una situación de subordinación respecto del hombre, vulnerando sus derechos y afectando su autonomía, realización y su pleno desarrollo.
La buena noticia es que, así como estas conductas fueron aprendidas, estas también pueden desaprenderse. Para ello resulta clave poner el foco en la prevención. Para lograr una verdadera transformación cultural que elimine estereotipos y deje atrás comportamientos violentos y discriminatorios debemos trabajar con nuestros niñas, niños y adolescentes, alentando una educación con enfoque de género en las escuelas para formar ciudadanas y ciudadanos democráticos que sepan reconocer sus derechos, prevenir la violencia y relacionarse de manera respetuosa, justa y pacífica.
Si bien el Estado cumple un rol fundamental en desmantelar las estructuras de marginalización y discriminación a través de una respuesta integral de todos los niveles y sectores del gobierno y a través del abordaje de la desigualdad de género en todas las políticas públicas, asignando los recursos necesarios que garanticen su continuidad, erradicar la violencia requiere del compromiso de todos los actores de la sociedad, para que cada uno desde su rol contribuya a eliminar los prejuicios que alimentan la desigualdad.
Este año, junto a la Unión Europea y la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, impulsamos la iniciativa “25 por el 25”, una agenda colectiva de compromisos en la que participan el Estado, el sector privado, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y la academia, para hacerle frente de manera conjunta a la violencia de género en el Perú. En varias sesiones de diálogo diferentes representantes de los sectores reflexionaron sobre su rol y establecieron compromisos, involucrándose activamente en la lucha contra la discriminación, la desigualdad y la violencia en todos los ámbitos de la vida.
Para mencionar algunos ejemplos, el Estado se comprometió a ampliar la “Estrategia de Hombres por la Igualdad” en las 24 regiones del país, reafirmando la importancia de la deconstrucción de las masculinidades negativas y dominadoras que obligan a los hombres, desde niños, a ser siempre fuertes, poderosos y seguros de sí mismos, actitudes que muchas veces terminan manifestándose en episodios de violencia. Los medios de comunicación se comprometieron a llamar a la violencia contra las mujeres por su nombre: feminicidio, y a no presentar información que relativice la gravedad del hecho o lo justifique. Las empresas se comprometieron a tener tolerancia cero contra la violencia de género y el hostigamiento sexual, mientras que las organizaciones sindicales manifestaron que incluirán en su agenda política el abordaje de la violencia contra las mujeres. La sociedad civil hará lo propio reivindicando el aporte de los feminismos en la garantía de los derechos de las mujeres a través de experiencias compartidas y lecciones aprendidas, y la academia compartiendo buenas prácticas desarrolladas en términos de normatividad y prevención para frenar el acoso en la comunidad universitaria.
La Agenda 2030, suscrita por el Perú, reconoce la relevancia de garantizar la igualdad de género como condición necesaria para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El desafío de redefinirnos y de redefinir nuestras formas de convivencia es grande y por eso requiere de la activa participación de todas y todos. Aceleremos la acción para que estos 25 compromisos pasen de ser una promesa a ser una realidad.