Una de cada tres mujeres en los países andinos sufre o ha sufrido de algún acto de violencia por parte de su pareja al menos una vez en su vida. Esta realidad no solo es humana y socialmente inaceptable, sino que genera además secuelas económicas negativas: la violencia contra las mujeres no solo afecta su dignidad, salud y calidad de vida, así como la de quienes las rodean, sino que también merma su desarrollo personal y, con ello, su capacidad de contribuir con el crecimiento del país. Según un estudio de la Cooperación Alemana realizado a unas 270 empresas medianas y grandes en Perú, Bolivia y Paraguay; la violencia contra las mujeres trabajadoras en relaciones de pareja está presente en todas estas, y ello afecta directamente en su productividad y desempeño laboral. Los daños físicos y emocionales pueden resultar, incluso, en una incapacidad laboral crónica de las trabajadoras en cuestión. El ausentismo y los problemas de concentración por distracción y preocupaciones son manifestaciones comunes de ello. Esta problemática ya no puede ser considerada por las empresas como una cuestión privada, que no las concierne.
Las mujeres trabajadoras, por otra parte, también pueden estar sujetas a casos de acoso o a conductas violentas por parte de sus superiores, colegas, clientes o autoridades locales. En efecto, los datos disponibles sugieren que la violencia en el mundo del trabajo afecta desproporcionadamente a las mujeres. Algunos de los factores que más las exponen son las relaciones de poder desiguales, los salarios bajos o inestables, la inseguridad laboral y los sectores u ocupaciones en las que están concentradas las mujeres. La violencia laboral puede llevar a las trabajadoras a abandonar su trabajo o, peor aún, a renunciar a trabajar. Esto, a su vez, se traduce en una discontinuidad del empleo y de los ingresos presentes y futuros de las mujeres afectadas (pensiones, por ejemplo). Así, los agresores contribuyen a aumentar la brecha salarial de género, que actualmente es de 23% (es decir, el salario promedio de una mujer equivale al 77% del salario de un hombre). La eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado es un eje central de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que además se refleja directamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5, referido a la igualdad de género. Respecto al ODS número 8, enfocado en promover el trabajo decente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reconocido siempre que el mismo es incompatible con la violencia y el acoso contra las mujeres en el mundo laboral, y es clave para su empoderamiento económico.
Consciente de la importancia del tema, la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2018 organizado por la OIT discutirá sobre la posible adopción de una nueva norma internacional sobre la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. Dicha norma definirá lo que es “violencia y acoso en el mundo del trabajo”, determinará su alcance y proporcionará orientaciones sobre cómo prevenir y abordar este flagelo. La violencia contra la mujer es hoy más que nunca visible en la agenda política. Sin embargo, es importante mantener esta atención a largo plazo y decir “basta de violencia, cambiemos, denunciemos”. Por estos motivos, la OIT se suma a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y reafirma su compromiso de seguir colaborando con los Gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores y la sociedad civil, a fin de garantizar un mundo libre de violencia contra las mujeres y las niñas.