Transparencia Internacional acaba de publicar su Índice de Percepción de la Corrupción 2014, el más importante instrumento internacional para medir este mal, uno de los principales obstáculos al desarrollo.
Construido a partir de la opinión de expertos, el índice mide la vulnerabilidad ciudadana a la corrupción por parte de los funcionarios públicos. Responde a la pregunta de cuán posible es que seamos víctimas de un soborno. No pretende dimensionar ni la corrupción política, ni la asociada al crimen organizado, ni la que involucra al sector privado, que tienden a ser invisibles, salvo que sean descubiertas por las investigaciones de la justicia penal o de la prensa.
Por tercer año consecutivo el Perú salió jalado con 38 puntos sobre 100. Nos ubicamos por debajo del promedio continental de 45 y del mundial de 43. Con ese resultado estamos a mitad de la tabla a nivel global, en el puesto 85 de 175 países, empatados con la India, Filipinas y Tailandia. En similar ubicación nos encontrábamos el 2001, cuando comenzó a darse a conocer este índice. Los países líderes son, todos, desarrollados y la mayoría pequeños (Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, Singapur y Países Bajos) o escasamente poblados (escandinavos). Los peores son Estados fallidos (Somalia, Sudán, Afganistán e Irak) y una de las pocas dictaduras comunistas supérstites (Corea del Norte). En América los menos corruptos son Canadá y EE.UU., seguidos de Uruguay y de Chile. El más corrupto es Venezuela.
Para enfrentar este mal es imprescindible sancionar a los corruptos. Más importante aún es transparentar la actuación de los funcionarios públicos, profesionalizar su desempeño y reducir su margen de discrecionalidad. A eso apunta la modernización de la gestión pública. Los países que la han llevado a cabo han mejorado el servicio al ciudadano y reducido drásticamente la corrupción. En el Perú algunas instituciones públicas lo han logrado; la mayoría no. Por eso está a la orden del día un shock de gestión.
Este gobierno ha perdido la oportunidad de hacerlo. Sus marchas y contramarchas frente a la Alianza para el Gobierno Abierto, un club de 65 países comprometidos con la transparencia, son una demostración de ello. Cuando se constituyó en el 2011 el Perú expresó interés en participar, pero lo fue perdiendo a medida que sus compromisos crecieron. Ahora está a punto de ser puesto en cuarentena, pues no ha presentado su plan de acción 2014-2016, que está listo para su aprobación en la PCM desde mayo pasado.
La aprobación ha encontrado resistencias porque su compromiso central es crear una autoridad autónoma que vele por el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Según los especialistas es la herramienta fundamental que nos está faltando. Ojalá el gobierno recapacite, adopte el plan y no abandone la Alianza, lo que iría a contracorriente con todos los esfuerzos para incorporarnos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).