La interpelación de un ministro es una herramienta constitucional. Como tal, debería ser usada para afianzar el orden constitucional.
El Congreso ha decidido interpelar a la ministra de Educación, Marilú Martens. Héctor Becerril, de Fuerza Popular, incluso ha pedido la renuncia de la ministra.
El interés de los congresistas interpelantes no es la solución de la crisis. Es crear una crisis. Quieren crear una crisis que lleve su sello.
El Congreso debe ejercer control político. El gobierno ha sido torpe en el manejo del problema de la huelga de maestros. No se ha excedido, sin embargo, en el ejercicio de su poder.
El grupo de parlamentarios interpelantes no busca limitar los excesos del Ejecutivo. Busca, simplemente, excederse él mismo en su poder. Por eso hace leña del árbol caído.
Lo que se requiere en estos momentos son soluciones. El Congreso no interpela para responder, sino para preguntar. Mientras más airadas las preguntas, mejor para ellos.
El nudo gordiano de la huelga son las evaluaciones. Los maestros en huelga no quieren ser evaluados. Su principal objeción es la del despido en caso de que el maestro fallara en la evaluación después de dos capacitaciones.
Otra objeción es la de los parámetros de la evaluación. Dicen que las pruebas han sido diseñadas para otras realidades. Señalan que tales parámetros no cuentan con aulas de más de 30 alumnos ni con las limitaciones actuales.
El Congreso no ha planteado, hasta el momento, una salida a este entrampamiento. Nadie ha dicho, por ejemplo: “Hagamos pública una muestra de evaluación”. O: “Avancemos un plan piloto”.
La huelga se ha mantenido sobre la base del miedo y el desconocimiento de los maestros en relación al tipo de evaluación. Quién no tiene miedo de ser evaluado. Ese miedo ha sido aprovechado por las dirigencias.
Las dirigencias tienen un interés distinto. En la protesta se consolidan sus figuras, se hacen conocidos sus personajes, adquieren una difusión nacional.
Hay otros intereses que también obtienen una ganancia. No se puede dejar de tener en cuenta a los extremistas que buscan el caos.
Entre los que tienen miedo, los que quieren hacer política y los que quieren el caos se forma un grupo extenso e insistente. Frente a ello, el gobierno debería contar con la ayuda del Congreso, para, finalmente, hacer cumplir la ley.
La respuesta del Congreso a este desafío es la interpelación. ¿Ayudar? ¿Asumir responsabilidad? ¿Sostener el orden constitucional? Nada de eso está en el horizonte de los congresistas interpelantes.
Del Congreso de la República, de los 130 congresistas, no ha salido una sola idea que pueda ayudar a resolver el conflicto. De ellos solo conocemos exigencias, destemplanzas y alharacas.
Los congresistas no creen que sea tarea suya resolver o ayudar a resolver. Entienden su tarea, simplemente, como hacer preguntas para la incomodidad.
En el pliego interpelatorio, por ejemplo, se pregunta sobre el avance de la investigación de compra de computadoras. ¿Qué tiene que ver eso con el conflicto social, con la huelga de los maestros, con el cumplimiento de la ley de reforma magisterial?
El problema que tienen las autoridades es cómo resolver el conflicto sin dejar de cumplir la ley. Cómo hacer para que el cumplimiento de la ley de reforma magisterial se haga sin miedo y sin rebeldía.
¿El Congreso está a favor de que se cumpla la ley? ¿Está a favor de que se haga cumplir la ley? Si lo está, ¿por qué interpela? Si no lo está, ¿por qué no lo dice abiertamente?
Hay varias formas de hacer cumplir una ley nueva y poco conocida. La crisis tiene que ver con esas formas. El Congreso, sin embargo, no tiene idea del problema y, menos, solución al alcance de los maestros y del Estado peruano.
El Congreso puede interpelar y fiscalizar a todos los ministros que quiera. Los congresistas, sin embargo, no se librarán del juicio, mucho más severo, de la opinión que tenemos de ellos.