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Partidos, separar la paja del grano; por Fernando Tuesta Soldevilla*

“Difícil que alguien se aventure a invertir tiempo y dinero en reclutar (falsamente) más de 12 mil miembros –a quienes otorgará de paso derechos y deberes–, cuando tiene más restricciones en el financiamiento privado”.

Fernando Tuesta Soldevilla Profesor de Ciencia Política de la PUCP

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"Ha sido probado que no es posible verificar que una firma es verdadera, pues se requiere un examen grafológico especial". (Ilustración: Giovanni Tazza)

Los partidos existen y seguirán existiendo más allá de nuestra voluntad. Mutan en su configuración y alcances. Algunos logran adecuarse a los cambios y otros mueren en el intento. Los partidos pueden dejar atrás las ideologías, disminuir su aporte programático, compartir sus funciones, relajar su organización, pero no pueden dejar de tener miembros o militantes. Su número, en parte, determinará la dinámica de su existencia.

En el papel, la Ley de Organizaciones Políticas es ley exigente, pero la realidad ha mostrado que es formalista y reglamentarista. En realidad, el peso grande de la inscripción recae en las firmas (más de 700 mil). Pero ha sido probado que no es posible verificar que una firma es verdadera, pues se requiere un examen grafológico especial, además de prohibitivo para el caso de cientos de miles. Lo que sí crea es un mercado negro de firmas y alienta la corrupción. La organización que desea inscribirse no prueba nada, solo paquetes de firmas de dudosa proveniencia. Al igual que sus comités provinciales (mínimo 66), donde la ley exige una forma de organización, allí donde los partidos pueden hacerlo según sus propios criterios. Los planes de gobierno y hojas de vida no han impedido que ahora estén inscritos 24 partidos políticos y 189 organizaciones regionales, pero solo seis y 112, respectivamente, tienen algunos representantes. Un gran porcentaje del resto juega el papel de “vientres de alquiler”. No se trata pues de darle vuelta de tuerca, sino cambiar de tuerca.

El propósito del proyecto de ley presentado al Ejecutivo por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política propone que los partidos se inscriban con un número de militantes equivalente al número de candidaturas que tiene que presentar en elecciones generales, regionales y municipales. Lo mínimo que se le puede pedir. Pero se debe eliminar las firmas de adherentes: es reproducir un requisito perverso. Es necesario dejar libre para que el partido se organice como crea conveniente, sea provincial o de otra forma que establezca en sus estatutos. Lo único que se le solicita es que no más de un tercio de sus miembros no pertenezcan a una sola circunscripción; Lima, por ejemplo. Ese padrón debe ser el único oficial y que debe ser público, transparente y de fácil acceso ciudadano, donde se pueda observar permanentemente las altas y bajas. No como ahora, que aparecen padrones distintos en el momento de la inscripción y el día de las elecciones internas, donde muchas veces han sido adecuadamente manipulados.

De la misma manera, los partidos deben de perder la inscripción: los que no participan en una elección general, los que se retiran de las elecciones, los que no consiguen algún congresista, así formen parte de una alianza electoral, los que infrinjan varias veces los artículos correspondientes sobre financiamiento y, quizá el mayor desincentivo, los que no logren el 1,5% de participación en las elecciones internas, abiertas y obligatorias.

Difícil que alguien se aventure a invertir tiempo y dinero en reclutar (falsamente) más de 12 mil miembros –a quienes otorgará de paso derechos y deberes–, cuando tiene más restricciones en el financiamiento privado, así como superar la valla de las elecciones internas (1,5% del total) y, si lo logra, superar la valla de la elección parlamentaria (5% del total).

Intentar cambiar esta ya larga inclinación al vacío no solo es urgente, sino casi una necesaria forma de sobrevivir para los partidos. Resistirse al cambio es promover su propia erosión.

* El autor ha sido presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.

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