El territorio nacional está dividido en 1.846 distritos y 196 provincias. Pero, según la Presidencia del Consejo de Ministros, actualmente 1.497 distritos (76,8% del total) y 174 provincias (89,0% del total) tienen algún tipo de conflicto por límites. Esto significa que somos un país sin fronteras internas. No tenemos mapa.
Quien crea que este es un problema de la provincia está equivocado, solo en la capital de la República existen 23 conflictos activos de límites. En el colmo del caos, hace solo unas semanas un alcalde, abogado connotado y ex jefe de la Sunat, y por tanto plenamente consciente de lo que hacía, ingresó al distrito vecino y clausuró construcciones con el uso de la fuerza. A los pocos días retrocedió en medio de una total impunidad. La delimitación interna parece ser un tema al que nadie le da importancia y puede ser hollado por cualquiera.
En 1945, con el geógrafo Javier Pulgar Vidal, identificamos miles de topónimos indígenas que describían tan bien el territorio que era imposible equivocarse. Había lugares denominados como Cocachacra en toda la costa que correspondían a los cultivos de la hoja sagrada. En ese entonces pensábamos que el desarrollo de las herramientas científicas permitiría que en el futuro desaparecería la incertidumbre de los límites de las provincias y distritos existentes. Setenta años después reconozco que el ilustre huanuqueño y yo nos equivocamos. En Lima los problemas de límites de esa época, sumados a los distritos con límites inciertos que se crearon después, agravaron el problema. Lo peor es que hoy, por razones de cálculo político, las autoridades no desean abordar su solución y, lamentablemente, se han acostumbrado a vivir sin límites convirtiendo la informalidad territorial en norma.
Como país este hecho es una dramática carencia. Donde no hay límites no hay territorio, y donde no hay territorio solo puede haber un Estado precario. Tema que los anteriores gobiernos soslayaron y mucho menos parece interesarle a los actuales candidatos presidenciales al 2016 que aún no han expresado palabra al respecto.
En el actual mandato algo se ha hecho. Aplicando la Ley que Implementa Mecanismos para la Delimitación Territorial (29533 del 2010), se creó la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial y se ha atendido una veintena de casos. Pero este esfuerzo loable es absolutamente insuficiente ante la magnitud histórica del problema.
La falta de una delimitación territorial crea problemas de orden administrativo, de servicios, tributario y social para millones de ciudadanos que viven en jurisdicciones distritales o provinciales dobles y que, en algunos casos, reciben servicios de dos municipios y, en otros, de ninguno. También regiones vecinas se disputan distritos mineros o con algún otro tipo de recurso natural o proyecto de inversión, para beneficiarse de sus regalías.
Es inconcebible que en el siglo XXI esta situación continúe cuando existen herramientas tecnológicas (cartografía digital, aerofotografía, vistas satelitales, GPS, geomática) que permitirían establecer perfectamente la delimitación territorial desde el punto de vista geográfico. Lo que ha faltado antes y sigue faltando ahora es una conciencia clara del problema y una firme voluntad política para afrontarlo.
¿Qué habría que hacer? Desde mi opinión de estudioso creo que, en una época en la que la tendencia global es a la modernización y reforma institucional del Estado, el Gobierno tendría que tomar la histórica decisión política de construir un mapa definitivo para el Perú. Dicho así parece poca cosa. Pero si nos ponemos en perspectiva, comprenderíamos que sería la respuesta a una carencia que nos afecta desde 1821 y que, si no hacemos algo, va a cumplir 200 años. Por ello, delimitar el territorio debería ser un objetivo nacional.
Este objetivo podría alcanzarse conjugando los estudios técnicos de las entidades especializadas con la consulta popular, de manera democrática, a fin de evitar reclamos posteriores. En las elecciones generales del 2016 se debería realizar en cada distrito y provincia sin límites precisos un referéndum por el cual los ciudadanos y vecinos de las zonas en cuestión decidan a qué circunscripción pertenecen. Los resultados de la consulta merecerían una inmediata ley del Congreso de la República, a aprobarse por unanimidad.
Si lo entiende así el actual gobierno y asume esta tarea, tendría el enorme mérito histórico de legar a los que lo sucedan un Estado menos precario y un Perú con delimitación física, requisito indispensable para el desarrollo.