Gregorio Santos, el luchador social, el defensor de las comunidades, el paladín del agua era, según la acusación fiscal que recoge el testimonio de colaboradores eficaces y reúne diversas pruebas, un ladrón. Habría recibido sobornos cuando menos por 802 mil soles a cambio de favorecer a un amigo en la construcción de obras del gobierno regional. Pero Santos no solo habría defraudado al Estado peruano, apropiándose de dinero de todos los ciudadanos vía sobornos, sino que impidió que se generen más ingresos fiscales para mejorar los servicios públicos para los más pobres al sabotear la realización del proyecto Conga y de tres proyectos mineros más. Provocó, de paso, la ruina de Cajamarca, que entró en recesión dejando sin empleo y sin ingresos a decenas de miles de personas. Pero la estrategia de Patria Roja y de su socio Marco Arana ahora es victimizarlo, para convertir al acusado por sus delitos en un perseguido político, al delincuente en un justiciero ambiental. Cuentan para ello con muchas de las radios de Cajamarca y de provincias como Bambamarca y Celendín, que acallaron toda voz siquiera neutral frente al conflicto de Conga, que despidieron o amordazaron o golpearon a cualquier periodista que osara formular algún análisis objetivo del impacto del proyecto. Veremos ahora si esas radios se mantendrán alineadas con la mentira y se declararán cómplices de la corrupción, o empezarán a difundir los cargos contenidos en la acusación fiscal que revelan quién era realmente el señor Santos.
Por supuesto, tenemos que esperar la sentencia final. Pero ninguna pena podrá devolverles a los cajamarquinos y al Perú los años y las oportunidades perdidas como consecuencia de haber bloqueado grandes proyectos de inversión con argumentos falaces construidos solo para la exhibición ideológica al servicio del ejercicio rentable del poder.