La nociva actitud del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de aferrarse al cargo y negarse a renunciar lo único que ocasiona es prolongar la crisis y hacer mucho más compleja la solución.
Es obvio que PPK no podrá culminar su mandato en el 2021 no solo por su presunto involucramiento en actos de corrupción, sino porque es un presidente débil, sin aliados, sin base social importante, sin partido ni operadores políticos y asediado por una oposición mayoritaria y beligerante.
Los documentos dados a conocer el miércoles por la presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra, no dejan duda alguna sobre lo que PPK había negado en todos los tonos y en diversos momentos. Él recibió cientos de miles de dólares de Odebrecht por supuestas asesorías luego de haber desempeñado varios cargos ministeriales en el gobierno de Alejandro Toledo, interviniendo en el otorgamiento de concesiones, obras y contratos a esa empresa por cientos de millones de dólares.
Además, su empresa Westfield hizo contratos con Odebrecht cuando él era ministro. Como es comprensible, él en ese momento se había apartado de Westfield, que era gestionada por su socio y amigo en muchos negocios y empresas, Gerardo Sepúlveda. Este, a su vez, hizo asesorías millonarias a Odebrecht para las obras que PPK había contribuido a otorgar a la empresa brasileña.
Habría que tener una ingenuidad superlativa para creer que la relación de PPK con Odebrecht, que ahora se sabe había montado un gigantesco sistema de corrupción a funcionarios, era limpia y pura y no parte de un sistema de sobornos. Sería como creer que las propiedades de casi cinco millones de dólares en Lima no eran de Toledo sino de su casi nonagenaria suegra belga. O que los millones de dólares que Odebrecht y otras empresas depositaban en las cuentas de Josef Maiman eran por asesorías y no coimas a Toledo.
Un factor adicional, que hace imposible que PPK continúe como presidente, es la sospecha de que ahora podría estar usando su cargo para hacer algo parecido a lo que hizo como ministro. Hoy sabemos de sus oscuros y ocultos negocios con Odebrecht gracias a que el escándalo estalló en Brasil y los empresarios y ejecutivos allá se vieron obligados a hablar. De lo contrario jamás nos hubiéramos enterado de la deshonesta relación de PPK con esa empresa.
¿Alguien puede asegurar hoy que PPK no ha hecho lo mismo como presidente o que no lo hará en el futuro, usando como fachada las mismas u otras empresas, los mismos u otros socios-testaferros? ¿Tendremos que esperar que estalle algún escándalo en alguna parte del mundo para enterarnos? La fundada desconfianza en el mandatario, entonces, es otro factor que hace inviable su permanencia en el Gobierno.
Su anuncio de que acepta recibir a la comisión Lava Jato es claramente una maniobra para ganar tiempo. Eso podía haberlo hecho el miércoles o jueves pasado. Al convocarla para el viernes 22, intenta postergar cualquier definición hasta enero y empalmar con la visita del Papa, esperando que se enfríe el asunto.
Por eso ha hecho bien el Congreso en iniciar el trámite de vacancia.No obstante, un problema es que la torpe prepotencia del fujimorismo ha neutralizado o empujado a defender a PPK a sectores que en otras circunstancias posiblemente se habrían sumado al pedido de destitución. Pretender deponer simultáneamente al presidente, al fiscal de la Nación y a la mayoría del Tribunal Constitucional es un desacierto similar a los del Gobierno.
Si como es previsible, se produce la vacancia, se abre un abanico muy grande de posibilidades. PPK ha empeorado las cosas comprometiendo en sus mentiras a la vicepresidenta Mercedes Aráoz y a todo su Gabinete. Ahora son cómplices de sus latrocinios –ya no pueden aducir ignorancia– y eso será usado contra ella si se plantea la posibilidad de sucederlo.
Por su parte, Martín Vizcarra, comprometido con el escándalo de Chinchero, sería también una opción muy débil. Difícilmente el país soportaría 43 meses con un gobierno más frágil que el que hemos tenido hasta ahora.
Quizá la opción menos dolorosa y traumática sea la de un gobierno de transición, con cualquiera de los dos vicepresidentes, que convoque elecciones en el más breve plazo posible. Eso requeriría una alta dosis de sensatez –que desgraciadamente no abunda en la clase política– y un pacto entre los principales actores.