La crisis política desatada por el Ejecutivo no da para más. Si el presidente no enmienda rumbos de inmediato, tendrá que atenerse a consecuencias de pronóstico reservado.
Su responsabilidad personalísima obedece a hechos incontrovertibles: primero, él y la señora Heredia quebraron su frente interno al desprenderse de los artífices de su triunfo electoral, por eso el ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis pasó a una oposición desde la cual hoy denuncia acciones de espionaje interno. Luego, apostaron por el coronel Óscar Valdés, y cuando este empezaba a manejar las tensiones mineras fue desautorizado flagrantemente hasta convertirlo también en opositor. Después buscaron al incondicional Juan Jiménez Mayor, quien salió tras insultar a los ciudadanos tildándolos de histéricos por reclamar seguridad. A César Villanueva lo maltrataron ferozmente por su osadía de tener personalidad propia. Y hoy mantienen a Ana Jara con un Gabinete aprobado con fórceps en el Congreso.
Entre tanto, Gana Perú se cae a pedazos como acaba de demostrarse con la renuncia de Sergio Tejada.
Así, el núcleo del poder se ha reconcentrado en Ollanta Humala y su esposa, quien desde su poder paralelo confronta cada vez con mayor virulencia a la oposición. El primer vicepresidente dimitió, la segunda es hostilizada por los servicios de inteligencia, nadie sabe bien quiénes son los asesores tras las sombras. Y lo que queda en el Gabinete son solo tres tipos de ministros: los técnicos, en franca minoría; los incondicionales, comenzando por la primera ministra; y los de choque, como el inefable Daniel Urresti.
Sin partido, sin operadores políticos y, peor aún, sin planes precisos, el Gobierno es progresivamente más autoritario, menos transparente y con enemigos intestinos. El vuelo en automático de la economía está en emergencia tras los pésimos resultados del 2013; el ambiente de negocios es inestable; las reformas de las Fuerzas Armadas y de la policía se aprobaron sin pasar por el Congreso; el enfrentamiento con los servidores públicos es creciente y la arrogancia ha detonado la bomba de tiempo de la ‘ley pulpín’.
Además, a la lista de sospechas sobre el alzamiento de Moquegua y el financiamiento chavista del 2006, se suman los casos de Óscar López Meneses y Martín Belaunde Lossio, con lo cual los indicios de corrupción apuntan al corazón de un gobierno que solo atina a gritar. Y si a eso se añade la bárbara agresividad de Urresti contra la prensa, así como las reiteradas denuncias de ‘chuponeo’ y reglaje, el país se encuentra ante un mandatario que no sabe cómo guiar democráticamente a la república y que no da explicaciones convincentes sobre los métodos neomontesinistas en curso.
La responsabilidad individual de Humala es entonces ineludible. Si no quiere arrastrar al país a extremos de una eventual vacancia presidencial, debe reaccionar de inmediato: atendiendo el pedido de diálogo y concertación interpartidario. Asimismo, debe recomponer el Gabinete, ponerse a disposición de las comisiones investigadoras y convocar a un gobierno de salida de ancha base.
La crisis no terminará con la derogación de una ley, pues eso es solo el comienzo del reclamo nacional. Humala debe recordar que quien siembra vientos cosecha tempestades, por eso es mejor para todos que apacigüe a la nación.