Presuntos reglajes a políticos de la oposición y del propio gobierno, e investigaciones a quienes nada tenían que ver con su función llevaron, hace unos meses, al cierre de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para su reestructuración, a través de una comisión reorganizadora.
En su intento por calmar la aguas, la entonces jefa del Gabinete Ana Jara anunció que la referida comisión estaría “a cargo de una junta de notables: es decir, de gente proba y honesta. De una vida pública intachable”. El supuesto propósito era, como explicitaba la resolución que ordenaba la reorganización, “lograr mayores niveles de confianza en la ciudadanía”.
Al conocerse la identidad de los tres integrantes de la comisión (tres días después de la fecha límite), sin embargo, quedó claro que el gobierno no tenía intenciones de cumplir con su palabra, pues dos de ellos eran viceministros en funciones: Mario Medina Guimaraes (Interior) y Jakke Valakivi (Defensa). Es decir, representantes del Ejecutivo que, lejos de brindar transparencia al proceso, velarían antes que nada por los intereses oficiales. O, para expresarlo coloquialmente, serían gatos de despenseros.
No obstante, la posterior salida de Ana Jara (arrastrada a la censura por las ramificaciones del mismo escándalo) trajo, entre muchas otras consecuencias, que Valakivi se convirtiese en el titular del portafolio para el que ya trabajaba y se viera obligado a dejar la comisión: una magnífica oportunidad, brindada casi por el azar, para que el gobierno enmendara el error que había cometido..., y tristemente desaprovechada.
Al reconformar esta semana la comisión, en efecto, el Ejecutivo ha mantenido su estructura original. Esto es, dos funcionarios de la actual administración y un independiente (Francisco Guerra García), pues lo único que ha hecho es colocar al nuevo viceministro de Recursos para la Defensa, Julio de la Puente, en el lugar dejado por Valakivi. O, para expresarlo coloquialmente, solo ha cambiado de gato.
En el mejor de los casos, una clamorosa falta de reflejos del primer ministro, Pedro Cateriano.