Es positivo que, por primera vez desde las elecciones, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, el presidente de la República y quien en los hechos es la cabeza del Poder Legislativo, se hayan finalmente sentado a conversar. Es una buena noticia para el país, más allá de las intenciones con que cualquiera de las partes haya acudido a la cita, convocada por el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani.
Lo es porque la reunión representa un reconocimiento público, aunque fuera solo implícito, de que el poder político –y por lo tanto la responsabilidad– de este quinquenio quedó compartido entre las agrupaciones que representan y que, consecuentemente,algún tipo de acuerdo de Estado se requiere entre ambas. Y, desde luego, un reconocimiento público dificulta a los políticos, que viven de los votos, actuar luego de manera contradictoria respecto de aquello que se reconoció.
Es la primera vez, más concretamente, que la lideresa de Fuerza Popular (FP) acepta cualquier encuentro o conversación de este tipo. En los seis meses transcurridos desde la elección, ella y su partido se habían negado a ello. En junio, por ejemplo, Pedro Spadaro consideró que una visita de Keiko Fujimori a Kuczynski luego de tres semanas de la elección parecería “una huachafada” y el congresista de FP Héctor Becerril declaró que un diálogo entre ambos líderes no era “vital para el país”. Apenas hace una semana, también, ante la convocatoria del presidente Kuczynski a un diálogo con las distintas fuerzas políticas, el vocero de FP Luis Galarreta contestó de manera inclemente: “Que primero dialogue con su equipo de lujo, que ahora sabemos que no tiene”. Lo cierto es que en las filas de FP no vieron con buenos ojos este encuentro sino hasta que el arzobispo de Lima se ofreció como mediador.
En el camino, el tren de la viabilidad política del quinquenio estuvo a punto de descarrilarse luego de una arbitraria censura que, a su vez, despertó la consideración –posteriormente descartada– por parte del oficialismo de plantear una cuestión de confianza a nombre del Gabinete. Después de todo, no es mucho lo que el Poder Ejecutivo puede lograr con un Congreso decidido a petardearlo, ni tampoco un Parlamento con un Ejecutivo decidido por el camino de las cuestiones de confianza, con la amenaza consiguiente de una eventual disolución constitucional y posterior llamado a nuevas elecciones legislativas.
Naturalmente, hay muchos aspectos de un hipotético acuerdo que los partidarios de ambas fuerzas políticas rechazarán. Pero esa es justamente la naturaleza de los acuerdos: son imperfectos en comparación con el escenario ideal para cualquiera de las partes, pues presuponen que ninguna tiene el poder suficiente para imponer su voluntad sobre la otra y que, por lo tanto, ambas tengan que ceder. Uno puede maduramente rechazar tal o cual resultado concreto de un acuerdo, pero no la idea del acuerdo en sí. Este es una exigencia de la democracia cuando los números de las elecciones dividen el poder del Estado en cuotas como las que resultaron de nuestras elecciones de junio.
Por lo demás, en un caso de división del poder como este, ambos líderes políticos pueden presuponer razonablemente que el mandato de sus electores es el de llegar a acuerdos de Estado. Después de todo, es lógico pensar que la mayoría de sus votantes preferiría que se den reformas durante este quinquenio a que se privilegie el enfrentamiento con el otro partido. Especialmente habida cuenta de que en lo que toca a las políticas públicas en las que creen ambos partidos tenían más coincidencias que discrepancias en sus programas. No en vano el petardeo por el petardeo que FP mostró en el caso del ministro Saavedra parece haberle costado ya a Keiko Fujimori en las encuestas.
Lo que tienen que demostrar, pues, con acciones de por medio, tanto Pedro Pablo Kuczynski como Keiko Fujimori es que para ellos el país –y, por lo tanto, las reformas que este necesita– está verdaderamente por delante de cualquier interés partidario o resentimiento político que puedan tener. Lo hayan querido o no ellos, tienen el poder compartido en este quinquenio y no podrán, ni ellos ni sus futuros políticos, dejar de compartir también la responsabilidad por el mismo.