En preparación para un viaje, muchas personas prefieren informarse sobre los potenciales hoteles en los que se hospedarán o los restaurantes a los que asistirán antes de elegirlos. Para adquirir esta información existen diferentes caminos. Una opción es confiar en los anuncios oficiales y propaganda de cada empresa sobre la calidad de sus productos y servicios, pero esta alternativa tiene el inconveniente de que cada firma tiene los incentivos para resaltar lo que hace bien y esconder lo que hace mal. Otra opción es preguntar a alguien conocido que haya usado antes sus servicios, pero ello conlleva el riesgo de generalizar una experiencia personal y poco representativa. Es por ello que páginas webs que acumulan y sintetizan la información de miles de usuarios sobre sus experiencias en hoteles y restaurantes son tan valiosas para los viajeros y tienen el poder de quebrar locales o llevarlos al éxito; los potenciales clientes se basan en información facilitada por los anteriores consumidores para hacer una mejor elección.
Algo similar estaría a punto de suceder en el mercado de la educación superior peruana. Hace apenas unos días, el Ministerio de Educación (Minedu) –en alianza con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el IPAE y la Sunat– lanzó un portal web llamado Ponte en Carrera (www.ponteencarrera.pe), que brindará a los jóvenes y sus familias información sobre la empleabilidad de diferentes carreras en distintas instituciones educativas. Así, cualquier potencial estudiante podrá conocer –antes de postular– la duración de la carrera, su costo promedio anual, el nivel de selectividad y el ingreso promedio de los egresados.
Por supuesto, la educación superior no tiene como única finalidad elevar los ingresos futuros sino también contribuir a la formación personal de los jóvenes. Ello, sin embargo, no implica que proveer mejor información sobre la demanda laboral de cada carrera no sea una buena iniciativa para minimizar las expectativas insatisfechas de los graduados al enfrentarse al mundo profesional.
De hecho, la dimensión de esta insatisfacción ha ido creciendo. Según un informe publicado en este Diario hace apenas unas semanas, del 2004 a la fecha, el porcentaje de profesionales subempleados –es decir, aquellos que se desempeñan en una ocupación que requiere menos educación de la que recibieron, como por ejemplo los taxistas con grado de abogados o ingenieros en informática que trabajan como cajeros en un banco– subió de 29% a 42%. Esto se debe, por un lado, a que existen carreras con una sobreoferta de profesionales –como por ejemplo Derecho– y, por otro lado, a que la calidad académica de muchos centros de estudios no forma profesionales preparados.
La provisión de información adecuada tiene además mejores resultados potenciales que la anterior visión de la presente administración: mejorar la calidad de la enseñanza por regulación y decreto. La Ley Universitaria y otras iniciativas de los últimos años, en vez de dar los incentivos para ofrecer una educación superior más eficiente e inclusiva, limitó la capacidad de acción de los centros educativos y profundizó su elitismo. La información sobre el desempeño de los egresados, por el contrario, no restringe los emprendimientos privados sino que facilita que, por oferta y demanda, el mercado premie a las instituciones educativas que tienen buenos resultados con más y mejores postulantes, y a la vez se hagan visibles aquellas que no contribuyen al capital humano de sus alumnos.
Quedan aún aspectos por mejorar en el portal actual. Por ejemplo, no existen estadísticas sobre el porcentaje de egresados empleados, muchas carreras no reportan el ingreso promedio y la muestra se ha restringido a poco menos de dos tercios de los trabajadores del sector privado –dejando de lado al otro tercio, a los trabajadores públicos, y a los informales–. Sin embargo, la iniciativa va por buen camino y, a nivel agregado, debería mejorar la oferta productiva del país en el largo plazo. Las industrias que generan mayor valor agregado tendrán más profesionales preparados para incluirlos a sus procesos.
A fin de cuentas, más que las regulaciones burocráticas, dotar de mayor transparencia al mercado y facilitar la elección informada de los estudiantes contribuye a crear los incentivos para que las universidades e institutos articulen su oferta educativa con lo que el mercado laboral necesita. Y esa es una lección que el Gobierno parece haber aprendido.