La semana pasada, luego de la sesión del Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo nos sorprendió con un anuncio que para muchas personas resulta una buena noticia: el gobierno presentará un proyecto de ley para reducir de seis a cuatro remuneraciones el tope para la libre disponibilidad de los fondos de las cuentas en las que se deposita la compensación por tiempo de servicios (CTS).
Por lo visto, el motivo que lleva al Ejecutivo a impulsar esta medida es seguir intentando poner velocidad a nuestra economía. Según la ministra Ana Jara, “se trata de una inyección directa a la vena para que los peruanos y peruanas puedan tener más capacidad adquisitiva y gastar”. El gobierno, acertadamente, busca que el consumo interno ponga su grano de arena en la importante búsqueda de la recuperación de la velocidad del crecimiento, iniciativa que hay que reconocer y felicitar.
En este Diario, por lo demás, somos de la opinión de que existen otras razones adicionales para sostener que esta es una medida en la dirección correcta, aunque incompleta. Y es que, como hemos señalado en anteriores editoriales, todo el dinero que se encuentra en la mencionada cuenta debería ser disponible.
En la discusión sobre la intangibilidad de estos fondos se suele perder de vista un tema fundamental: el dinero que se deposita en la cuenta de la CTS es propiedad privada ganada con el propio trabajo y esfuerzo y, por eso mismo, ni el gobierno ni nadie que no sea el dueño debería tener derecho a decidir qué hacer o qué no hacer con el mismo.
La justificación que se utiliza para defender la intangibilidad de la cuenta CTS es que es una forma de proteger a los trabajadores frente a una eventual situación de desempleo. Para ser más exactos, el argumento es que hay que proteger a las personas de sí mismas, de su irresponsabilidad, pues se asume que ellas son incapaces de tomar medidas para cuidarse en caso de que se materialice dicha situación y por eso hay que forzarlas a ahorrar.
Sin embargo, ¿cómo sabe el iluminado burócrata que ideó este sistema que el trabajador no tiene una necesidad más urgente que satisfacer que protegerse frente a este riesgo? Por ejemplo, podría tener que realizar algún importante gasto médico, necesitar el dinero para cancelar un préstamo o para pagar las pensiones de sus hijos. Pero el Estado ha decidido que nada de esto importa y lo obliga a protegerse contra un evento incierto, como si la burocracia supiese mejor que los ciudadanos cuáles son sus necesidades, qué es lo que más les conviene y cómo hacer uso de su dinero.
Por supuesto, este tipo de paternalismo tiene más consecuencias negativas que las que acabamos de mencionar. Entre ellas, hace menos deseable la formalidad, pues cualquier trabajador prefiere que la totalidad de sus ingresos sea de completa disponibilidad. Y este no es un tema menor. Lo cierto es que la discusión sobre cómo regular los fondos de la CTS es una que afecta únicamente a una minoría privilegiada que tiene la posibilidad de trabajar formalmente. Por eso, otra razón para eliminar por completo la intangibilidad de la CTS es reducir los sobrecostos que impiden que siete de cada diez trabajadores en nuestro país cuenten con un contrato de trabajo.
En todo caso, si el gobierno quiere forzar a los trabajadores a protegerse obligatoriamente contra el desempleo, lo más eficiente no es obligarlos a ahorrar parte de su sueldo sino a contratar un seguro. Este sistema significaría un avance frente a la situación actual, pues tendría dos ventajas sobre el mismo. Primero, significaría una carga menor para los trabajadores, pues los privaría de un porcentaje menor de su dinero que el que hoy ven congelado en sus cuentas. Segundo, reduciría los sobrecostos laborales que tienen que enfrentar las empresas y que dificultan la formalización de la mayoría de empleos.
Por todo lo anterior, saludamos la medida adoptada por el gobierno. Pero lo alentamos a no ser tan tímido y profundizar la misma.