El libre mercado es el sistema más eficiente para determinar cuánto se debe producir de cada bien y a qué precio se debe vender. Pero este mecanismo solo funciona cuando se cumplen ciertas condiciones, como la ausencia de abusos de poder de mercado y la promoción de la libre competencia entre empresas. De lo contrario, se llega a aquellas situaciones que tantas veces le han dado una mala e injustificada imagen al mercado libre: el mercantilismo, el abuso del poder monopólico, la captura de rentas y la colusión.
En el mercado de combustibles, por su extensión y su relevancia para la economía nacional, es especialmente importante asegurar que los principios que rigen la libre competencia y que aseguran las mejores condiciones para los consumidores se cumplan a cabalidad.
La Ley Orgánica de Hidrocarburos, en su artículo 77, indica: “Las actividades y los precios relacionados con el petróleo crudo y los productos derivados se rigen por la oferta y demanda”, es decir, por la libre interacción de compradores y vendedores. Por eso, ante la tímida reducción en el precio de los combustibles nacionales (pese a que el barril de crudo internacional ha caído a menos de la mitad de su valor en los últimos 18 meses), más de uno se ha preguntado si de verdad todos los actores que pueden afectar el precio al consumidor están jugando bajo las reglas, o si están aprovechando la situación para llevar indebidamente agua a su molino.
En primer lugar, vale la pena acotar las expectativas. Que el precio del crudo internacional se reduzca a la mitad no implica que las gasolinas locales lo hagan en la misma proporción. Después de todo, hay otros costos que también deben ser cubiertos por los usuarios finales: refinación, márgenes de intermediación, márgenes de comercialización, etc. Además, otro factor que ha impedido que el precio de las gasolinas baje significativamente ha sido la depreciación del sol en el último año.
Estos elementos, sin embargo, no terminan de explicar la tibia reducción del precio que se ve en los grifos. El primer factor de riesgo al que apuntan algunos especialistas es la actuación de Petro-Perú. Según el Banco Central de Reserva (BCR), si la empresa estatal hubiera trasladado toda la rebaja desde el exterior, los precios habrían bajado en S/.1,22 adicional. Es decir, los peruanos estaríamos pagando un sobreprecio de 19% financiando a Petro-Perú. “Esta política de precios de los gasoholes contribuye a explicar la mejora en los resultados de Petro-Perú al primer semestre del 2015”, dice el BCR.
Pero las acusaciones no apuntan únicamente a la empresa pública. Raúl Pérez-Reyes, viceministro del Ministerio de Energía y Minas (Minem), señala que los precios del combustible no bajan a causa de la falta de competencia entre las estaciones de servicio. “Hay que incentivar la competencia para que no suceda el efecto misil-pluma, es decir, que cuando hay un alza, el precio sube como misil, pero cuando hay una rebaja, el precio cae a ritmo de pluma”, enfatizó al respecto.
Y si bien los grifos no se diferencian únicamente por precio sino también por calidad de servicio, resulta crucial garantizar que exista competencia entre ellos. Según el Minem, el margen de ganancia de los grifos y estaciones de servicio ha subido en 20% en este proceso.
Como decíamos, entonces, para que el mercado funcione adecuadamente y los consumidores puedan beneficiarse de mejores productos a menores precios, es crucial que tanto el sector público como el sector privado operen según lo que se espera de ellos. El primero siendo más transparente con sus decisiones de precios y sin aprovechar indebidamente su posición de poder en el mercado, y el segundo compitiendo legítimamente por captar las preferencias de los consumidores. En tanto ello no suceda, seguiremos pagando de más por un producto básico y por el que hoy otros países pagan mucho menos.