El miércoles, en declaraciones a la prensa, el titular del Congreso, Manuel Merino, se refirió a la norma que permite el retiro de hasta S/4.300 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), aprobada el día anterior por la institución que preside a pesar de los cuestionamientos de múltiples especialistas y del Poder Ejecutivo.
Sobre la posibilidad de que el Gobierno observe la medida, como ha anunciado, Merino aseguró: “Nosotros [el Congreso] tenemos que ir a la insistencia”. A lo que añadió que el Parlamento le está “demostrando al señor presidente, a los altos funcionarios, que tenemos que reordenar el país, administrar mejor el país”.
Por otro lado, sobre cómo se solventarían los mentados reembolsos a los afiliados al sistema público de pensiones, la cabeza de la Mesa Directiva se mostró despreocupada: “Por derecho, el Estado tiene que hallar la fórmula. El Estado no puede salir a decir que no hay plata. Tiene que encontrar la fórmula”.
Las expresiones del señor Merino permiten que nos hagamos una idea de cómo este Congreso ha elegido hacer su trabajo: con los oídos tapados a las críticas y advertencias técnicas y con los ojos cerrados a la realidad. El mensaje, entonces, que se le dirige al Gobierno en lo concerniente a la ONP es sencillo: “No nos interesan sus objeciones, conocemos mejor que nadie lo que el país necesita y aunque no sabemos cómo harán para llevar a cabo nuestras disposiciones, allá ustedes”. Una combinación tóxica de mezquindad, arrogancia e irresponsabilidad que parece ser el ingrediente legislativo preferido por este Parlamento.
En primer lugar, la idea de que el “Estado tiene que encontrar la fórmula” para dar con los miles de millones de soles que se requerirán para costear el retiro de los fondos de la ONP soslaya que dicha fórmula tenía que haberse descifrado en el Parlamento desde un principio. Y esta es sumamente clara. El peso de esta decisión no recae en el Ejecutivo, sino en los contribuyentes de cuyos tributos tendrán que salir los recursos que financiarán esta nueva norma. El Ministerio de Economía ha descartado que se vayan a subir impuestos para enfrentar el aumento del déficit fiscal, pero dada la envergadura del despropósito del Legislativo, puede que la realidad no le permita mantener las cosas como están y el problema terminará siendo, como suele ser, de los ciudadanos.
En segundo lugar, anunciar que se insistirá con la ley antes siquiera de que el Ejecutivo la haya observado delata la poca importancia que se le dará a evaluar diligentemente las preocupaciones que vayan a expresarse. La herramienta en cuestión (la observación de normas) tiene como objetivo motivar una mayor reflexión sobre medidas controvertidas como la que nos ocupa y, luego de ello, llevar al Legislativo a tomar una decisión. De lo dicho por el presidente del Congreso se desprende todo lo contrario: no habrá meditación alguna, la decisión está tomada.
Pero, como se sabe, este tipo de omisiones y ligerezas no son una novedad en este Congreso. Ello explica que, como informó este Diario, 21 de los proyectos presentados sobre el retiro de fondos de la ONP no hayan contado con un análisis costo-beneficio y que hoy exista consenso entre múltiples constitucionalistas sobre la inconstitucionalidad de la medida, en gran parte porque se sustenta en una iniciativa de gasto que el Legislativo no tiene.
Los tiempos, empero, exigen que nuestras autoridades dejen de lado la imprudencia. Añadirle mayor presión a una economía en escombros y a los contribuyentes con iniciativas que procuran minar la prudencia fiscal del país, a cambio de algunos aplausos de la tribuna, es darle la espalda al país.
El problema, señores congresistas, es de ustedes y deberían responder por él.