El natural balance de poderes y los resultados de las elecciones generales de este año hacían presagiar una relación con ciertas tensiones entre el Poder Ejecutivo con una minoritaria conformación parlamentaria y un Poder Legislativo con una imponente mayoría opositora representada por el fujimorismo.
Parece ser, no obstante, que algunos legisladores han interpretado equivocadamente su rol de oposición y han elegido ponerse el ropaje de belicosos inquisidores cuando han tenido la oportunidad de interactuar con los ministros de Estado que acudían a las comisiones parlamentarias o al pleno.
El más reciente ejemplo de esta actitud lo tuvo la congresista de Fuerza Popular (FP) Cecilia Chacón durante la última sesión de la Comisión de Presupuesto. En una de sus intervenciones, la también presidenta de dicho grupo de trabajo criticó en un tono burlón y grosero al ministro de Educación, Jaime Saavedra, por las transferencias presupuestarias que se habrían realizado desde su institución a otras en la administración pública. “A usted le sobra la plata, usted es la caja […] como ya acaba el año y su ejecución presupuestal es pésima, entonces usted pues le da al Ministerio de Salud […] le da a todos los que son gobiernos regionales […] lo que hace es recoger el presupuesto para ir repartiéndolo […] usted está como la virgencita a la que hay que venir a rezar”, fustigó la parlamentaria.
Más adelante, le inquirió por un artículo del proyecto de ley de presupuesto que autorizaba a su ministerio a hacer una transferencia de partidas dentro del mismo sector, texto que –según Chacón reconoció– no comprendía, pero que descifró en este sentido: “Usted en otras palabras está diciendo: […] ‘Apruébenme el presupuesto y luego yo lo cambio como quiero’ […]”. En tono altanero, añadió: “Si usted quiere modificaciones, porque no ha hecho buenos cálculos […] pues haga una iniciativa legislativa y que la Comisión de Presupuesto sea quien le autorice sus cambios presupuestales”.
La exaltación de la parlamentaria, sin embargo, resultaba poco comprensible, pues la ejecución del Ministerio de Educación –en los años a cargo de Saavedra– estuvo siempre por encima del 85%, y la transferencia de partidas dentro de un mismo sector –siempre bajo un límite de montos y propósitos previamente definidos– no es algo novedoso y, de hecho, se ha contemplado en las leyes de presupuesto de los gobiernos de Humala, García, Toledo y el propio Fujimori.
En similar tenor, cabe recordar los adjetivos que el congresista de FP Héctor Becerril dedicó al titular del Ministerio del Interior, Carlos Basombrío, y a su equipo, en una sesión de la Comisión de Salud. “Nunca hasta ahora he visto una exposición tan en el aire, sin ningún tipo de sustento”, “[Los ministros] han llegado y no saben cómo han llegado ni para qué han llegado”, fueron algunos de sus calificativos. Y paradójicamente, después de afirmar que “acá no hay ningún ánimo de ofender ni de minimizar a nadie”, planteó la siguiente interrogante a uno de los asesores del ministro: “Quiero preguntar al señor Leonardo José Caparrós Gamarra cuál es su [sic] experiencia que tiene finalmente para ser el jefe de gabinete de asesores de alta dirección del Ministerio del Interior”.
Más allá de que varios de los cuestionamientos de los congresistas parecen no tener mayor sustento, lo realmente penoso es el maltrato al que algunos de ellos se sienten con derecho a someter a otros funcionarios, creyéndose erróneamente amparados, quizá, en el poder que su posición en el Parlamento les confiere.
No hace mucho, el ex presidente de la Copal Luis Salazar denunció que su renuncia al cargo –que desempeñaba ad honórem– se debía al maltrato que había recibido en el Congreso. “Me han tratado como si fuera un delincuente, dos horas de interrogatorio, repitiendo las preguntas varias veces”, comentó.
Lamentablemente, si los parlamentarios siguen entendiendo que su función de control político equivale a un espectáculo de aporreo, será muy difícil que más profesionales capacitados decidan asumir el riesgo de desempeñar un alto cargo en la administración pública.