La revelación de que el ex presidente Alan García pidió asilo al Gobierno de Uruguay la misma noche en la que el Poder Judicial había ordenado un impedimento de salida en su contra por 18 meses ha levantado una esperable oleada de pronunciamientos. En los últimos días, ex funcionarios de su segundo gobierno, partidos políticos y congresistas a ambos lados de la cordillera se han manifestado acerca de las razones expuestas por el líder aprista para solicitar dicha medida, así como sobre la conveniencia de que el Gobierno Uruguayo la acepte.
Uno de los que han opinado al respecto ha sido el también ex presidente Ollanta Humala.
En una carta pública dirigida al jefe de Estado de Uruguay, Tabaré Vázquez, el líder nacionalista indica –de manera enfática– que no existe persecución política contra García, como se han empeñado en clamar los partidarios de este. “No es por alguna intervención del Gobierno que Alan García está siendo investigado”, sostiene Humala, “sino más bien, por la aparición de información […] relacionad[a] con rutas de dinero y pago de sobornos por obras desarrolladas bajo su administración”.
Una afirmación con la que coincidimos. De hecho, como hemos señalado en la semana, las investigaciones fiscales contra el señor García no tienen que ver con sus opiniones políticas o su oposición al gobierno de turno, sino con las indagaciones por los presuntos sobornos que la empresa Odebrecht habría pagado por la línea 1 del metro de Lima. Una obra que, vale recalcar, fue adjudicada en su segundo mandato, por la que los propios directivos de la constructora reconocieron haber desembolsado millonarios sobornos y que ha motivado el encarcelamiento preventivo de varios ex funcionarios, incluido un ex viceministro.
Hay también, sin embargo, un punto de la carta del ex presidente que no se apega a la verdad y que representa un vago intento por victimizarse en los procesos que todavía tiene pendientes con la justicia: aquel en el que denuncia que, más bien, el señor García ha sido el articulador de una persecución contra él y contra su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia.
“Claro que [la persecución política] existe”, afirma Humala. “Mi esposa y yo somos testigos de excepción de la persecución política que, por años, Alan García Pérez encabezó contra nosotros, junto al fujimorismo y al montesinismo”, remata. Sin aportar mayores evidencias a tan grave denuncia.
Y si bien es cierto, uno puede cuestionar la pertinencia de la prisión preventiva que rigió sobre los Humala Heredia durante diez meses, ello no es suficiente para alegar que dicha medida fue un ardid orquestado por motivaciones políticas.
Pues existen fundadas dudas sobre el financiamiento que habría recibido el nacionalismo en el 2006 (de Venezuela) y el 2011 (de Odebrecht). Como se sabe, en el caso de Humala y Heredia, los propios Jorge Barata y Marcelo Odebrecht han declarado que la constructora aportó US$3 millones para su campaña del 2011. A ello, además, se añaden los S/2 millones que, según la ONPE, el partido no pudo sustentar ese mismo año, los 65 ‘aportantes’ que niegan haber contribuido a la organización y la información consignada en las agendas de Heredia con montos que suman más de US$8 millones. Entre otros indicios.
De hecho, una clara muestra de que no existe persecución contra Humala y Heredia es que recuperaron su libertad gracias a una decisión del Tribunal Constitucional. Algo que hubiera sido imposible si el sistema judicial estuviera abarrotado de “infiltrados” políticos, como el señor Humala denuncia en su carta.
Nada de esto quiere decir que el ex presidente no pueda expresar sus opiniones por un tema que considera trascendental para el país. Lo criticable es que trate de aprovechar la coyuntura para airear ficciones tan burdas como las que advierte en el discurso de su rival político.
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