Las causas principales de los malos resultados simultáneos en salud y economía en el Perú –en comparación con otros países de la región– serán materia de análisis e introspección por los siguientes meses y años. Algunas fallas son, sin duda, estructurales y arrastradas a lo largo de décadas y de gobiernos de distinto tinte político. La informalidad, la precariedad del sistema de salud o la baja penetración financiera, por mencionar algunos ejemplos, difícilmente pueden atribuirse a decisiones u omisiones de la actual administración.
Pero otras causas sí pueden ser materia de crítica inmediata. Entre ellas, quizá una de las más relevantes sea el pobre manejo que se ha tenido en la reanudación de actividades económicas, sobre todo en aquella área compleja que vincula lo formal con lo informal y absorbe el empleo de millones de peruanos.
El comercio ambulatorio en ciertos distritos de la capital grafica nítidamente la situación. Según reportó este Diario ayer, a 90 días de iniciada la cuarentena, la mayoría de los 35.000 vendedores ambulantes en La Victoria ocupan de manera rotativa las calles del distrito, sin una solución estable ni segura para ellos ni sus clientes. Al mismo tiempo, mafias de mayoristas, con varios kilos de mercadería, evaden la poca capacidad de fiscalización utilizando caravanas de camionetas y logística elemental. Ello genera aún más aglomeración y riesgos de contagio en los puntos calientes del distrito.
El problema ha sido ocasionado, en parte, por la escasa respuesta del Ejecutivo y de las autoridades locales a las urgencias de la población. Tras varias semanas de cuarentena, era previsible que las necesidades de las empresas y las familias desbordaran las restricciones de la inamovilidad social obligatoria. La fiscalización no era una solución realista. Una apertura forzada, desordenada y con énfasis en lo informal –que daña tanto a la salud como a la economía del país–, fue lo que obtuvimos. Como ha sucedido en tantos otros campos, por apretar mucho a quienes cumplen las reglas empujamos a la mayoría a actuar al margen de ellas.
Con lentitud, el Gobierno ha empezado a tomar algunos pasos en la dirección correcta. El fin de semana se publicó, por ejemplo, la Resolución Ministerial 178-2020-Produce, que dispone “el inicio gradual y progresivo de actividades económicas de los conglomerados productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operan a puerta cerrada, pudiendo vender sus productos y prestar sus servicios a través de comercio electrónico”. La medida demoró en llegar, y aún no quedan claros muchos de sus alcances –como si incluye a los centros comerciales modernos o no–.
Más importante aún, como ha sido el caso en los últimos meses, tampoco está claro el fin de la cuarentena. La semana pasada, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, indicó que la fecha para terminar el distanciamiento social obligatorio “todavía no está definida”, y que “en su momento” el presidente se pronunciará al respecto.
No obstante, en línea con una eventual apertura, el Ministerio de Salud ya estaría virando su enfoque desde los pedidos de acatar la cuarentena hacia el mensaje “Tu salud primero”. Ese principio, aunque difuso en medio de pronunciamientos contradictorios desde distintos frentes gubernamentales, es absolutamente fundamental para retomar algún nivel de normalidad en las actividades cotidianas.
Si la economía debe reactivarse con medidas de seguridad apropiadas, la adopción masiva de estas dependerá, en última instancia, de cada persona. Acelerar las oportunidades para que los comercios formales puedan operar, al tiempo que se enfatiza el rol de la responsabilidad individual, es una estrategia para intentar ganar algo del tiempo perdido en las últimas semanas. La subsistencia de millones de familias y empresas lo demanda con urgencia.