A pocos días de la segunda vuelta, se ha convertido en prácticamente natural la intensificación de la contienda hasta un grado cercano a la ebullición. Tan natural que hasta los propios candidatos y sus adláteres han minimizado el nivel de las pullas y ataques que se han dirigido de uno y otro lado y ofrecido que, a partir del 6 de junio, todos pasarían la página y tendrían que ponerse a trabajar conjuntamente en favor del país. Una especie de borrón y cuenta nueva.
Hay una cuenta, sin embargo, que no desaparecerá tan fácilmente y, por el contrario, empezará a acumular intereses desde el 28 de julio. Se trata de aquel balance que llevan los destinatarios de las seductoras promesas electorales que se hicieron en campaña.
Y en la lista de recientes acreedores aparecerán los ganaderos, luego de que el último martes en Huacho, la candidata Keiko Fujimori mostrara su preocupación por los bajos ingresos que perciben y prometiera una “regulación justa que permita que el precio de la leche sea el adecuado”. Pese a los gimnásticos esfuerzos de su vocero económico Elmer Cuba por interpretar tales declaraciones de forma tal que no parezca un llamado a la regulación de precios, a oídos del buen entendedor y, sobre todo, de los propios ganaderos a quienes se dirigió la lideresa de Fuerza Popular (FP), es evidente que el ofrecimiento de la señora Fujimori consistía en un control de precios que les asegurara un mejor precio de venta por sus productos lácteos y, consecuentemente, mayores ingresos.
El control estatal de precios, no obstante, no solo es una pésima decisión que genera escasez, acaparamiento y mercados negros, como pueden atestiguar nuestros vecinos en Venezuela y nuestra propia experiencia durante las décadas de los setenta y ochenta; sino que precisamente, a raíz de este penoso aprendizaje, es que se convirtió en una práctica contraria al régimen de libertad de precios consagrado en la Constitución Política de 1993, y así ha sido interpretado en más de una ocasión por el Tribunal Constitucional.
Pero ello no debe resultar sorprendente para cualquier persona que intente gobernar el país al amparo de la Constitución, y mucho menos para la heredera política del gobierno que promovió este nuevo régimen constitucional, y quien lo ha defendido y catalogado como responsable de “gran parte del crecimiento económico del país”. Lo que solo puede llevarnos a la conclusión de que se trata de una promesa que la señora Fujimori sabe que no podrá cumplir.
Y en este aspecto, la última propuesta de la candidata de FP se diferencia de otros planteamientos populistas que ha lanzado durante la campaña. No se trata, por ejemplo, de cheques de dudoso fondo como ofrecer pensiones de jubilación especiales para taxistas o duplicar sueldos a maestros, sin identificar las partidas que solventarían estos nuevos gastos ni su sostenibilidad en el tiempo. Tampoco es semejante a medidas que no han funcionado anteriormente, como la declaración de estados de emergencia o el retorno al sistema de 24x24, que flaco favor harían a la lucha contra la delincuencia. Ni siquiera se trata de la creación de ilusiones con poco sustento, como el compromiso firmado con mineros informales a quienes por más que se les garantice la derogación de normas, no pasarán con ello al lado de la legalidad pues aún continuarán ocupando terrenos sin los títulos que los legitimen.
El ánimo de atraer bolsones de votos puede estar en la raíz de todos estos ofrecimientos populistas. La salvedad se encuentra en que, en los casos comentados en el párrafo precedente, la negligente ignorancia podría servir como eventual –aunque no condonable– excusa. En el caso del control de precios para los ganaderos, sin embargo, no existe otra explicación para la señora Fujimori que el dolo.