En español, decir que alguien es ambicioso es utilizar una expresión ambigua. Desde una perspectiva positiva, la frase trata de alguien con empuje y determinación para conseguir metas altas. Desde una óptica más culposa, el término alude a aquel permanente disconforme con lo que tiene y para quien nada es suficiente.
En el caso del ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, no hay necesidad de usar este término equívoco. Las declaraciones del nuevo titular del MEF lo dibujan como una persona cautelosa de no levantar demasiado las expectativas económicas ni prometer por encima de lo que puede cumplir. Ello es positivo. Esta actitud se ha mostrado –si bien algo prematuramente– en sus comentarios sobre el potencial real de crecimiento del Perú y las dificultades para alcanzar una tendencia fiscal adecuada al 2021.
Sin embargo, en el tema en que se ha visto con quizá demasiada claridad la moderación de las metas del MEF es en el de las reformas estructurales, particularmente la laboral. Cuestionado al respecto en una reciente entrevista con este Diario, el señor Tuesta señaló: “Acá tenemos que partir del ‘real economics’. Acá al final nos enfrentamos a un marco social y político histórico en el que es complicado hacer esfuerzos. Por lo menos deseamos que esa rigidez no se incremente más, y considerando la historia eso ya es bastante ambicioso”. Seguidamente, indicó que el marco laboral “podría ser más rígido aún porque todavía tenemos espacio para seguir escalando en el ránking. O sea, hay algunos pocos países que están peor todavía. Acá el tema es parar”.
El ministro Tuesta alude, como es obvio, a un contexto político débil y con poco apetito por intentar reformas que puedan ser impopulares. Es posible que al momento de hacer estas declaraciones por su mente hayan pasado las experiencias fallidas de la llamada ‘ley pulpín’ y del proyecto de ley de modalidades formativas laborales, de la congresista Rosa Bartra. Los esfuerzos frustrados en este campo han existido y deben servir de lección, pero no significa que deben ser los últimos que se intenten.
Nadie cuestiona la dificultad para sacar adelante reformas complejas, y dentro de ellas la laboral se encuentra entre las más difíciles por las aristas y la carga política que tiene. Sin embargo, de ahí a aspirar a que en los siguientes tres años lo mejor que se puede hacer es esperar que la situación no se deteriore más hay largo trecho. Es verdad, por ejemplo, que el Perú no es el último país del mundo en el ránking de competitividad del Foro Económico Mundial en Prácticas de Contratación y Despido (ese puesto lo ocupa Venezuela), pero tirar la toalla en un indicador clave en el que el país está en el lugar 129 de 137 es, por decir lo menos, irresponsable.
El ministro Tuesta sin duda acierta con darle prioridad a más de un tema vinculado a la contratación formal y a la formalización general de la economía. La revisión de los regímenes especiales para pequeñas y microempresas es urgente, como también lo es cerrar los espacios de evasión fiscal y, sobre todo, promover la inversión privada. El riesgo, no obstante, es que mucho de este esfuerzo –aún si exitoso– caiga en saco roto con un mercado laboral débil y poco dinámico. Y no hay nada más cercano a las familias que este último.
Es cierto, pues, que el contexto político –o, como lo llama el ministro, la ‘real economics’–, es difícil, pero ¿es que entonces no vale ya la pena siquiera intentar empezar el cambio? Después de todo, ¿no es de eso exactamente de lo que trata ser gobierno?