Existen tres poderes del Estado, 18 ministerios, casi 2.000 municipalidades y docenas de otras entidades públicas. Pero, aun con todo lo que se les pide hacer a los Estados modernos –desde controlar el tráfico hasta promover la alimentación saludable–, su función original y más básica continúa siendo garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Un Estado que falla sistemáticamente en contener la violencia o coacción que una persona puede ejercer sobre otra es, llanamente, un Estado fallido.
Y, sin embargo, la inseguridad ciudadana –problema al que está dedicada la nueva campaña #EstoyAlerta de este Diario– califica de manera consistente como uno de los principales problemas del Perú según diversas encuestas, solo por detrás de la corrupción. En cierto sentido, el combate a la delincuencia y al crimen organizado exige cuantiosos recursos que un gobierno como el peruano no siempre está en condiciones de garantizar. Inversión en tecnología de última generación, videovigilancia inteligente, patrulleros, equipamiento, capacitación al personal, entre otros, pueden sumar montos que exceden las capacidades del fisco.
En otro sentido más crucial, no obstante, los problemas relacionados con la inseguridad ciudadana parecen ser más de gestión. Al igual que con otras funciones del Estado, a pesar de que el presupuesto se ha incrementado considerablemente, la calidad de los servicios brindados no ha mejorado a la par. El presupuesto para orden público y seguridad ha pasado de S/5.292 millones en el 2010 a S/11.588 millones este año; en otras palabras, se ha más que duplicado en el lapso de una década.
Las cifras apuntan, entonces, a una negligencia o incapacidad crónica. Según se señaló ayer en este Diario en base en parte a trabajos de la contraloría, 40% de los patrulleros en Lima están inoperativos, uno de cada cuatro municipios de la capital no realiza patrullajes integrados con la comisaría y el 50% no tiene plan de patrullaje. En el Callao, a pesar de ser una zona especialmente insegura, se destina apenas el 3% del presupuesto total al orden público y seguridad (de hecho, más se invirtió el año pasado en el mejoramiento de parques, bermas y temas ambientales). Las municipalidades de Lima como La Molina, Magdalena, San Juan de Lurigancho, Ancón y Villa María del Triunfo no han designado al orden interno ni el 20% de su presupuesto de inversión pública total*. En el caso del Ministerio del Interior, su ratio de ejecución, iniciado ya noviembre, no alcanza el 30%.
El asunto es sin duda complejo por la cantidad de actores que operan dentro del sistema integral de justicia. Así, no se trata únicamente de la mejora en la gestión de las municipalidades y policía, sino también de potenciar las competencias del Ministerio Público, el Poder Judicial y, en última instancia, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Todo ello, sin embargo, requiere capacidad, manejo técnico, y sobre todo decisión política firme para preservar la que debería ser la función más elemental de cualquier Estado, y que en el Perú se maneja con desidia e inoperancia. Los resultados saltan a la vista.
Si bien distintas entidades relacionadas con el sistema de seguridad y justicia tienen independencia relativa o absoluta, el gobierno está llamado a articular los esfuerzos dispersos e insuficientes en el combate al crimen. Décadas de desempeño mediocre no se revertirán en pocos días y la tarea es sin duda enorme, pero en una ciudadanía que espera resultados este asunto resulta uno de los pedidos más urgentes. En el tiempo que le queda y sin Congreso al frente, el gobierno tendrá que pensar en proponer algo diametralmente más novedoso y efectivo que su novel proyecto de ley para regular la portabilidad de armas.
*En una versión anterior de este editorial, nos referimos a estas cifras como el porcentaje ejecutado del presupuesto destinado a orden público y seguridad. Sin embargo, estas se referían al porcentaje del presupuesto total dirigido a estos servicios.