En los últimos días del 2015, durante las postrimerías de la presidencia de Ollanta Humala, el Ministerio del Interior destinó más de US$81 millones para adquirir 2.108 patrulleros en un contrato con el gobierno surcoreano. Esa adquisición fue anunciada entonces por el Ejecutivo como “la mayor compra de patrulleros que realiza el Estado Peruano en toda su historia”.
Y si hace unos meses la contraloría había cuestionado ya la idoneidad de estos vehículos (al no ser originalmente diseñados para el patrullaje, sino camionetas adaptadas que además no serían funcionales para muchas regiones del país), esta semana el noticiero “24 horas” reveló que cerca de 300 de ellos se encontraban en desuso, estacionados a la intemperie en un terreno de la policía en Puente Piedra. Peor aun, en una conferencia de prensa realizada el jueves, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, dio mayores luces sobre cómo a esta compra le rehúyen cada vez más los argumentos que permitan justificarla.
En efecto, además del reclamo por que algunos de estos vehículos no contarían con elementos tan básicos para la función policial como radios, el ministro también resaltó que deben utilizar gasolina de 95 octanos que en la mayoría de regiones del país no es posible conseguir. Asimismo, que cuentan con motores de 3,2 litros, lo que encarecerá el patrullaje debido al mayor uso de combustible en comparación a los vehículos antes empleados. Todo esto sumado a las advertencias que hizo la contraloría sobre las garantías de las piezas de los vehículos y los problemas con el sistema de blindaje.
Esta adquisición, pues, añade un caso más a la larga lista de ineficiencias en el uso de recursos públicos que caracterizó a la gestión de Humala en sus desarticulados intentos por enfrentar la inseguridad ciudadana.
La compra de esta flota de patrulleros, por ejemplo, se agrega a la realizada en el 2012 cuando se adquirieron 800 vehículos. Según la contraloría, apenas tres años después de dicha compra, el 20% de camionetas se encontraban inoperativas por falta de repuestos y mantenimiento. También se puede incluir el bajísimo nivel de ejecución del gasto para obras públicas que tuvo el Ministerio del Interior pese al calamitoso estado de las comisarías en el país (en el 2014, por ejemplo, solo se empleó el 59% del presupuesto para ese fin).
Puede añadirse, igualmente, la multiplicación de generales en la policía que la actual administración tuvo que corregir a los pocos días de iniciado el gobierno. Y es que sin mayor sustento técnico ni proporcionalidad dentro de la pirámide policial, el número de generales se incrementó de 33 a 85 durante la gestión nacionalista. Aunados a los costos salariales que significa tener a más personas en altos cargos, estos ascensos trajeron también mayores gastos en las dotaciones especiales que acompañan a estos puestos (como vehículos, combustible y oficiales a su mando) y fueron en sentido opuesto a las recomendaciones de la mayoría de expertos en seguridad ciudadana.
El lamentable legado muestra que, aun cuando el presupuesto del sector Interior se incrementó en 84% durante el último quinquenio (pasando de S/5,63 mil millones en el 2011 a más de S/10 mil millones en el 2015), los indicadores de seguridad ciudadana evaluados por el INEI no reflejaron avances. Por el contrario, durante el gobierno de Humala casi todas las estadísticas en materia de seguridad empeoraron. Así, por ejemplo, la tasa de homicidios pasó de 5,4 a 7,2 por cada 100 mil habitantes y, para el final de su mandato, el 76% de la población consideraba que la delincuencia se había agravado (y con razón: entre el 2011 y el 2014 las denuncias por robo de vehículos y por delitos se incrementaron en 17% y 34%, respectivamente).
A la luz de los hechos, no le faltan razones al ministro Basombrío para criticar las compras que realizaron sus predecesores en el cargo. La falta de un norte en la lucha contra la delincuencia durante el gobierno de Humala generó una deuda que la sociedad continuará pagando por años, y es que desperdiciar los recursos públicos que demanda un problema tan apremiante como la inseguridad ciudadana no es otra cosa que darle una tregua al crimen.