Tras la derrota política del fujimorismo y el cierre del Congreso, la atención de los medios masivos principalmente está apuntando hacia el gobierno. Basta pasar revista a las portadas de los principales medios para comprobarlo.
Esto se explica por la concentración de poder en el actual Ejecutivo. Una situación sobre la cual el gobierno no viene realizando gestos necesarios de autorregulación. Ha legislado temas no urgentes vía decretos de urgencia, posiblemente para mostrar que ‘algo se está haciendo’, en ausencia de avances en inversión pública, y hasta se han involucrado en la campaña pidiendo votar por quienes “trabajen para eliminar la inmunidad parlamentaria”. Pero los ataques mediáticos también se explican porque se ha empezado a cuestionar cuán limpios están los funcionarios del Ejecutivo. Primero fueron las revelaciones de Lava Jato que involucran al otrora primer ministro Villanueva. Y recientemente el informe de la contraloría sobre el hospital de Moquegua, que extienden dudas razonables sobre la actuación del ministro Trujillo.
Si bien esto no implica que el presidente haya estado involucrado en actos irregulares, sí da cuenta de que el Ejecutivo no procede con todos los funcionarios “de la misma manera sumaria en que actuó frente al menor nubarrón perturbador en los casos de Carlos Bruce y Salvador Heresi” (El Comercio), hilvanándose el relato del “poderoso injusto”.
Desde la mirada periodística, es clave encontrar un “enemigo” al cual criticar para mantener la conexión con la opinión pública, pues esta también suele buscar culpables y cabezas, y la primera no es sino un reflejo de la segunda. Sin Congreso y con tradición centralista, es muy difícil identificar nuevos enemigos fuera del Ejecutivo.
Una vez instalado el nuevo Congreso, el clima adverso hacia el gobierno podría cambiar, siempre que se reactiven las acciones de fiscalización en cabeza de personas identificadas con la abusiva mayoría fujimorista del pasado Congreso (Bartra, Mulder, etc.) o cuyas agrupaciones estén cuestionadas por actos de corrupción. Una actitud revanchista encabezada por un ‘anti-héroe’ podría gatillar el giro.
La segunda alternativa es que aparezcan posiciones extremas hacia la izquierda o la derecha. Hacia el tercer o cuarto trimestre del 2020, la agenda mediática será copada por las elecciones del 2021. Un ‘outsider’ de derecha o izquierda extremas que levante banderas nacionalistas, xenófobas o de refundación de la república podría crear nuevos enemigos públicos.
La tercera opción que tiene el gobierno para dejar de ser –por momentos– el enemigo durante el 2020 es que avancen los juicios anticorrupción que no atañen a su entorno sobre políticos y empresarios.
La cuarta opción es que el propio Ejecutivo impulse la aparición de nuevos enemigos. Una alternativa muy tentadora, pero que por el poder que concentra daría sustento a quienes buscan acusarlos de autoritarios. Su mejor defensa en el 2020 será autorregular su poder y cortar con funcionarios cuestionados.