PPK mintió o, en el mejor de los casos, no dijo toda la verdad. Queda claro que, desde siempre, el señor ha confundido, a cada paso, lo público con lo privado. Cada una de sus explicaciones, y las de su abogado, sobre los asuntos de Westfield y First Capital, solo abren más y más interrogantes.
En un mundo ideal, en el que prima el orden democrático, digamos, en el utópico mundo de Smart Beteta (o de Alberto Borea), lo que debería haberse discutido es algo muy sencillo: ¿Esto es suficiente para descabezar la institución más importante del país? ¿O debería esperarse que culmine su mandato para iniciarle un proceso? Dicho de otra forma: ¿Vale la pena pasar por un período de inestabilidad política y económica en el afán de ejercer justicia en este caso en particular?
Pero como no vivimos en ese mundo, la pregunta, desde siempre, fue otra: ¿Se puede?
Esta pregunta no se ha planteado recién, sino al minuto siguiente de la derrota electoral de Keiko Fujimori. ¿Se puede? La pregunta flotaba en el aire cada vez que el fujimorismo se llevaba la cabeza de un ministro, una tras otra.
Desde el inicio, se le cantó la pregunta. Uno, dos, claro que se puede. Tres, cuatro, tú sigues en El Golf. Cinco, seis, no llegas al 2021.Pero PPK no hizo caso. Otras preguntas, como “¿restricciones legales?” o “¿interpretaciones de la Constitución?” eran lo de menos. Total, ya se habían usado argumentos homofóbicos y cavernícolas para censurar a Saavedra. ¿Qué impediría proponer una vacancia presidencial alegando, como hizo Yeni Vilcatoma, que Condorito es chileno? Como ya vimos, nada.
En otras circunstancias, con otra oposición y siguiendo los procedimientos, quizás hubiera valido la pena vacar a PPK. Después de todo, el tipo mintió sobre sus nexos con la empresa involucrada en el caso de corrupción más grande desde los ‘vladivideos’. Pero lo cierto es que esta vacancia es parte de una operación antidemocrática en la que el fujimorismo está haciendo lo que mejor sabe hacer: arrasar las instituciones. No solo van detrás de la presidencia, sino el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación.
Aun más importante: se están jugando el todo por el todo, ya que las investigaciones están cada vez más cerca de la pista que une a Keiko Fujimori con Odebrecht. Es decir, la lideresa de la bancada que ha impulsado esta votación está igual de embarrada que PPK.
Estamos, entonces, en un dilema idéntico al de la segunda vuelta. Hay que optar por el mal menor, otra vez. Y otra vez, PPK lo es. Como es evidente, el señor no tiene la fuerza ni para manejar el Poder Ejecutivo que preside. Menos aun, podrá controlar las necesarias investigaciones que debe –porque debe– iniciar el Poder Judicial contra él. En cambio, el fujimorismo ya tiene el Legislativo, el BCR, ministros topos y, como esta columna se escribe cuando aún continúa la votación, quién sabe qué más. Y ahora su afán no es solo de poder, sino de impunidad. Sea lo que sea que haya pasado, ayer, lo único cierto es que, nuevamente, el fujimorismo debe ser detenido.