Como se observa, el presidente Ollanta Humala viene opinando desde hace un tiempo acerca de hechos que, en el contexto de una campaña electoral, tienen la clara intención de afectar políticamente determinadas candidaturas. Esto ha puesto en agenda el debate sobre el principio de neutralidad que la Constitución prescribe para el mandatario, adelantándose ya dos posiciones. La primera sostiene que la neutralidad que se le pide al presidente es la de no intervenir poniendo a disposición los recursos del Estado en contra o a favor de tal o cual candidato. La segunda, que mientras ello no ocurra él tiene el mismo derecho de cualquier ciudadano a expresar sus opiniones políticas en el marco de la libertad de expresión.
Para mí, es claro que en ambos casos la intervención se produce con diferentes herramientas según las posibilidades políticas del presidente. Es decir, lo que está en discusión aquí no es su intervención para bajarse o apuntalar alguna candidatura, sino la graduación o intensidad con la que se produce. Cualquiera sea el caso, el asunto reviste gravedad, pues no solo deslegitima al presidente, sino al proceso electoral del cual saldrá elegido su sucesor.
La neutralidad que se le exige al mandatario se funda en el principio de representación. Como el presidente personifica a la nación y la nación somos todos los peruanos, ergo, el presidente nos representa a todos. De tal modo que, como el más alto representante de la nación, el presidente no puede tomar partido a favor o en contra de quienes aspiren a sucederlo.
Una razón por la que el mandatario no puede ser reelegido de forma inmediata es, precisamente, para que no intervenga en la campaña electoral como candidato opinando sobre sus rivales mientras disfruta de las prerrogativas propias a su investidura. Es decir, para que no se produzcan los supuestos de un presidente que dispone (directa o indirectamente) de recursos del Estado en beneficio de su reelección o que se pronuncia en contra de otras candidaturas. ¿Qué sentido tiene entonces que no se pueda reelegir si su actuación será la misma que la de un candidato en campaña?
No viene a cuento aquí discutir los pros o los contras de mantener a un presidente fuera de la campaña electoral como de hecho no sucede en otros países en que los jefes de Estado o de gobierno pueden ser candidatos. Aquí lo único que importa es que nuestra Constitución proscribe que ello ocurra.
El presidente Humala ha soslayado su intervención afirmando que él no está opinando sobre candidatos o agrupaciones políticas que estén en la liza electoral. En efecto, así es cuando lo ha hecho contra Alberto Fujimori, quien, por obvias razones, no es postulante a nada ni pertenece a ningún partido inscrito. Tan cierto como cuando César Acuña afirma que la propaganda de la Universidad César Vallejo que se propala a toda hora del día teniéndolo a él como protagonista no es una publicidad política a favor de su candidatura. En ambos casos es obvio que se le está sacando la vuelta a la ley.
Hay que exigir como ciudadanos que las autoridades electorales no avalen la burla del presidente al Estado de derecho y le pongan freno inmediato a sus injerencias. Y si el mandatario insiste en ejercer derechos que no le corresponden, pues la solución es muy simple; que renuncie y baje al llano. Ahí sí podrá despacharse como cualquier mortal.
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