Han pasado cinco años desde el enfrentamiento entre policías y nativos a causa del decreto legislativo 1090-1064 que afectaba la tierra de los indígenas en Bagua. El saldo fue de 33 muertos, entre ellos 23 policías y 10 civiles; y un policía desaparecido. No obstante, hasta el momento no se han determinado responsables políticos.
Esta mañana, los deudos de los familiares de los policías anunciaron que pedirán al Congreso que le levanten la inmunidad parlamentaria a la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, para que haya justicia tanto para ellos como para los ciudadanos indígenas que fueron afectados.
Para Flor Vásquez, viuda del coronel de la PNP Miguel Montenegro, todo está igual desde la primera conferencia de prensa del año 2009.
“No hemos podido avanzar nada. Los juicios son lentos. Nosotros queremos pedirle al Congreso que levante la inmunidad parlamentaria a Mercedes Cabanillas. El Congreso nos debe esto. Posiblemente, si ellos hubieran aprobado la ley de consulta a las comunidades amazónicas cuando debieron hacerlo, no estaríamos aquí”, dijo Vásquez.
Vásquez agregó que “aún tenemos confianza y queremos ser escuchados”.
En tanto, Renán Delgado, padre de uno de los policías muertos en el enfrentamiento, precisó que hubo negligencia de parte de Cabanillas. “Ella declaró que solo había destinado los recursos y que no había dado ninguna orden. ¿Qué recursos si la Estación N°6, donde murió mi hijo, no tenía acceso a comunicaciones? La ley ha sido hecha para todos, tienen que ser juzgados”, dijo.
Además, Nancy Salcedo, madre de otro policía fallecido, manifestó indignada: “Sabemos que el APRA se encargó de liberar a Cabanillas, apoyándolo con votos en el Congreso. Hoy, solo hay un juicio a 53 nativos, pero y los responsables políticos ¿dónde están? Todos los políticos tienen que recordar el Baguazo para que no vuelvan a tomar decisiones como esta, que terminan enfrentándonos entre nosotros. La población tampoco debe olvidar lo que nos hicieron estos políticos que se están alistando para las nuevas elecciones”.
De no recibir una respuesta positiva por parte del Congreso, los familiares piensan dirigir su demanda a entidades internacionales.
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