El alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera Cervera, solicitó al al sub prefecto provincial, Víctor Arizabal, la intervención de la Policía Nacional en la ciudad de Mollendo debido a los desmanes y actos de vandalismo registrados en los últimos días en la región Arequipa como parte del paro indefinido en contra del proyecto Tía María.
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Fuentes internas de la municipalidad provincial de Islay indicaron que la autoridad tomó esta medida luego de que el último viernes marcharan personas encapuchadas por las calles de la ciudad, generando desmanes y daños a la propiedad pública y privada, además de atemorizar a los ciudadanos, incluyendo mujeres y niños.
Este pedido del alcalde ha sido calificado por la población del Valle de Tambo como una “traición”. La presidenta de la Junta de Usuarios de la Ensenada, Mejía y Mollendo, Marilú Marroquín, indicó que la autoridad está exponiendo a todos los manifestantes y está buscando la declaratoria de emergencia en la provincia.
“Esa medida debió consultarlo con la población, ¿qué busca? Nosotros no somos violentos, no atacamos la propiedad. Pero han llegado infiltrados y es la policía quien tiene que identificar a esos infiltrados que hacen desmanes y detenerlos. Nosotros esperábamos que el gobierno mande más policías, pero jamás esperamos que nuestro alcalde hiciera el pedido. Él busca que se declare en emergencia y que ya no entremos a Mollendo”, indicó Marroquín.
El oficio N° 389 - 2019 - MPI, emitido por la Municipalidad Provincial de Islay, precisa que en estos actos participaron personas “con los rostros cubiertos y no identificados han ocasionado daños a la propiedad pública y privada, además de atemorizar a los ciudadanos, incluyendo mujeres y niños”.
Asimismo, el documento hace referencia al Decreto Legislativo 1267 y al Decreto Supremo N° 026 - 2017 - IN, Ley de la PNP y su Reglamento, “que establecen que es función de la Policía Nacional del Perú garantizar, mantener y restablecer el orden interno, el orden público y seguridad ciudadana”.
“Reiteramos nuestro pedido de que se restablezca el orden público con el fin de asegurar la integridad de las personas, el cumplimiento de las leyes, y la seguridad del patrimonio público y privado”, finaliza el oficio.
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