El agricultor de 45 años contempla cómo sus dos máquinas cosechadoras cortan miles de espigas de arroz en este valle que alimenta al sur de Perú y teme que el inicio de un millonario proyecto para extraer cobre de uno de los más poderosos grupos minero mexicanos contamine las aguas con las que riega sus campos de cultivo.
Domingo Condori, quien hace 25 años llegó de los Andes al valle de Tambo como jornalero, se opone a la presencia de la minería. “Aquí la vida es tranquila, el que trabaja, así no tenga estudios, progresa, ¿para qué queremos minería?”, se preguntó mirando una cercana vía que une el Pacífico con los Andes llena de piedras, neumáticos incendiados y cartuchos de perdigones.
A fines de mayo, el gobierno del presidente Ollanta Humala sacó de los cuarteles a 2.000 soldados y decretó el estado de emergencia en el valle que implica la suspensión hasta julio de varios derechos constitucionales.
La mayoría de sus 47.000 habitantes sienten que Humala los traicionó luego de que el 72% de los agricultores locales votara por él en 2011. “Dijo que estaba con los agricultores, ahora no sale de su sillón, no llega acá y encima nos dice que hacemos vandalismo”, dijo María Figueroa, de 56 años mientras cortaba con una hoz los tallos de las bulbas de una plantación de ajos junto a medio centenar de jornaleros.
Ahora, según las normas del estado de emergencia, nadie puede reunirse ni protestar. Según la ley, los más de 3.000 policías acantonados en el valle que abastece de arroz y papa al sur de Perú, pueden ingresar a las casas de los pobladores a cualquier hora del día o de la noche y detener a cualquier agricultor sin autorización firmada por un juez.
Un recorrido por las calles de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta Bombón encontró una ciudad semivacía. Una entidad financiera y varias casas tienen las lunas rotas.
Sólo algunos niños juegan en la calle por las noches, mientras decenas de vecinos, como la profesora Abigail Torres, suben hasta las azoteas de sus casas golpeando una olla con un cucharón. “Es nuestra forma de protestar”, dijo la maestra de escuela secundaria que enseña la asignatura de medio ambiente en una escuela de la zona.
La última semana, en una carta pública suscrita por el lingüista estadounidense Noam Chomsky y 300 intelectuales más, se le pidió a Humala que cancele la ley marcial y el plan minero. “El cobre y el oro pueden hacer ricos a algunos y dar una sensación de bienestar momentánea mientras dure la demanda externa, pero sin agua y agricultura todos perecemos”, decía la misiva.
Grupo México asegura que utilizará agua del Pacífico procesada en una planta desalinizadora, que una vez utilizada será devuelta al océano y que la contaminación por polvo de las explosiones minera será nula. Además, que el proyecto ofrecerá 3.500 empleos durante la fase de construcción de la mina y 2.600 empleos durante su funcionamiento previsto para 18 años.
AP
Contenido Sugerido
Contenido GEC