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Durante 20 días, un equipo de investigadores de la asociación civil Labor –institución dedicada a estudios y proyectos sobre gestión ambiental en el sur del país– realizó un trabajo de campo en la provincia de Islay para conocer la percepción de la población respecto del proyecto minero Tía María, cuyo desarrollo por parte de la empresa Southern Perú se mantiene “en pausa” desde mediados de mayo de este año, luego de más de dos meses de protestas.
Uno de los datos más resaltantes que arroja el estudio es que el 87% de los encuestados dice estar de acuerdo con que una institución independiente revise el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero, pues consideran que no existe imparcialidad en los organismos del Estado.
Cabe indicar que, a fines de mayo, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, aseguró que no se realizaría un nuevo EIA porque esto “violentaría el Estado de derecho, pues el segundo EIA ha sido aprobado con la normativa vigente”. Como se recuerda, el primer EIA del proyecto tuvo 138 observaciones y el segundo sí fue aprobado por el Estado. Sin embargo, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, planteó meses atrás contratar a un organismo internacional para que analice los estudios ambientales y la viabilidad del proyecto minero.
Ayer martes se cumplieron los 60 días de estado de emergencia decretado en Islay por el Ejecutivo el pasado 23 de mayo. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha solicitado la ampliación por 60 días más, pero esta aún no se confirma.
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