José Matos Mar y su última entrevista con El Comercio

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El pasado 15 de junio se publicó la última entrevista que dio José Matos Mar a El Comercio, con el que también colaboró como columnista de opinión. El reconocido antropólogo, que falleció hoy a los 93 años, había reflexionado sobre el conflicto social por el proyecto Tía María en Arequipa. 

“La población tiene miopía, el gobierno cataratas y la empresa una ceguera total”, mencionó el destacado intelectual en diálogo con la periodista Francesca García Delgado, advirtiendo además que Tía María podría terminar como la 'ley pulpín'. 

José Matos Mar nació en la ciudad de Coracora, capital de la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, en 1921. Antropólogo graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), estudió además en la Universidad de París. Tiene cinco décadas como docente e investigador en antropología y ciencias sociales. Fue director del Instituto de Estudios Peruanos (1964-1984). Entre sus publicaciones resalta: “Desborde popular y crisis del Estado” (1984), en la que planteó que la migración andina formó un nuevo tipo de sociedad. Falleció hoy en la Clínica Angloamericana y sus restos serán velados en el Ministerio de Cultura.

Este fue el diálogo:

— Han transcurrido 30 días desde el anuncio de la pausa a Tía María. ¿La empresa y el gobierno aplican estrategias adecuadas para evitar una nueva crisis? En lugar de ganar tiempo, lo están perdiendo. Si las cosas siguen así, este proyecto minero corre el peligro de terminar como la Ley de Empleo Juvenil (‘ley pulpín’). Existe un serio problema de lectura de la realidad de todos los actores. De forma irónica, podría decir que el problema del Valle de Tambo es oftalmológico: la población tiene miopía, el gobierno cataratas y la empresa una ceguera total.  

— En una reciente encuesta nacional, más del 60% de la población se muestra a favor de la suspensión indefinida y la cancelación de Tía María. ¿Qué escenario se viene? La tregua de 60 días ha provocado una “calma chicha” en el Valle de Tambo. La encuesta demuestra que en el ámbito nacional la opinión pública ha dado la razón a los críticos al proyecto. Ya no es un problema local, ahora es un tema de debate político y electoral que no podrá zanjarse fácilmente. Mientras tanto, en el Valle de Tambo la procesión va por dentro y la población solo espera que acabe el estado de emergencia para manifestarse.

— ¿Es posible superar esta situación sin mayores costes sociales o políticos? Sí creo que hay salidas, pero estas tienen que ser poco convencionales, imaginativas, consensuales y participativas. Pero estas soluciones no pueden ser gratuitas, van a tener un costo político que cada participante tiene que compartir, haciéndose concesiones mutuas.

— ¿A qué se refiere específicamente cuando habla de esa ceguera generalizada?La población adolece de miopía por un problema de representatividad política. El gobierno no conoce la realidad y está actuando a tientas. La empresa está peor, para ella no ha pasado nada, la agitación es obra de extremistas foráneos infiltrados. Nadie tiene cuestionamientos sociales y ambientales y la solución es una campaña de márketing.

— ¿Cuál cree que es el problema de fondo en este conflicto?Creo que hay un tremendo miedo a la democracia. El problema principal es que el estudio de impacto ambiental [EIA] fue presentado a la población en 30 minutos. En ese lapso es imposible que se haya informado sobre la absolución de las 138 observaciones realizada por las Naciones Unidas (Unops).

— En este balance, ¿dónde ubica a los actores del gobierno?La ministra de Energía y Minas [Rosa María Ortiz] ha dicho que el gobierno no admitirá un tercer EIA y tiene razón. ¿Para qué hacer un tercer estudio, si el segundo no se conoce? El ministro del Ambiente [Manuel Pulgar-Vidal] ha hecho una defensa muy talentosa y enterada del segundo EIA. No entiendo por qué no puede repetirla ante representantes de la población, universidades y colegios profesionales. Sin ser vinculante, la presentación y discusión del EIA en Cocachacra sería un gran ejercicio democrático. Eso generaría el debate técnico que el gobierno tanto ha solicitado.

— La empresa en estos días parece decidida a promover los beneficios del proyecto, que fue una recomendación del propio gobierno...Esto no se resolverá con más promesas o spots de publicidad. Tiene que haber medidas concretas. Una medida positiva sería nombrar un alto comisionado independiente, cuyo papel sería establecer compromisos políticos con miras a la pacificación y no dar soluciones técnicas. Por último, buscar en el valle interlocutores sociales y no políticos, que representen lo que la sociedad quiere.

—¿Por qué funcionaría? ¿Qué lo haría distinto del primer ministro, de los ministros o del propio jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM?Los ministros y funcionarios le dedican a la solución de este problema solo una décima parte de su tiempo. Se necesita que alguien se dedique a tiempo completo y que articule los esfuerzos del Gobierno Nacional y del gobierno regional.

— ¿Quiénes serían esos interlocutores sociales no políticos?Los mejores interlocutores son los pobladores del sector medio y alto del valle, quienes han sido ignorados tanto por la empresa como por el Estado. En Chucarapi hay una asociación de vivienda, un frente de accionistas minoritarios, un sindicato, una asociación de jubilados, entidades que nunca han sido consultadas y que, por su cercanía geográfica, son beneficiarios potenciales del proyecto.

— ¿Este es el mismo desborde popular que usted describió en los años ochenta?Este es un desborde popular “refinado”, en el cual las formas de relación de las masas populares con el Estado [toma de carreteras, enfrentamientos callejeros, paros regionales, etc.] se han ido perfeccionando desde que la movilización popular se instauró como forma de hacer política en el Perú.

— ¿Quién saldrá victorioso en esta coyuntura, el “Perú oficial” o lo que usted en sus libros llama “otro Perú”?El “otro Perú” ya ganó la primera vuelta. El “Perú oficial” quiso imponer el proyecto usando la formalidad, pero el desborde de las bases se lo impidió. Si el Estado y la empresa no entienden este mensaje, el proyecto no va a prosperar.