Luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, dijo que un equipo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) supervisará el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, llegó a la ciudad de Arequipa para informar sobre el trabajo que hará el equipo del OEFA, organismo adscrito al Minam.
—¿Qué tipo de trabajo realizará el OEFA en el área del proyecto Tía María?
Me dijeron que la entidad competente de este trabajo no es el OFEA sino el Senace. Quiero aclarar que este organismo, que también depende del Ministerio del Ambiente, tiene como rol evaluar los EIA cuando recién se presentan, pero una vez que el estudio ya está aprobado es el OEFA el que interviene.
Tal como lo anunció el premier, desde el jueves hay un equipo multidisciplinario de OEFA en el área del proyecto Tía María. Son cinco personas que están desarrollando el trabajo in situ. ¿Cómo es esto? Cogen el EIA y empiezan a verificar – recordemos que todavía no está en operación –, pero hace tiempo se hizo toda la etapa de exploración y eso conlleva unas medidas, que están en el EIA. También hay algunos compromisos sociales y eso también se va a verificar.
—¿Ese trabajo in situ no se desarrolló cuando se terminó de elaborar el EIA?
Cuando se termina de elaborar el estudio y se presenta para la evaluación, las entidades opinantes se manifiestan sobre él y hacen las observaciones. Algunas veces tienen que ir a la zona a levantar su observación. La empresa subsana las observaciones y después se aprueba el EIA. Eso es en la etapa de elaboración, pero lo que estamos viendo ahora, ya como un instrumento aprobado, es chequear si se están cumpliendo las cosas que están establecidas o no. Ese es el rol de OEFA.
—Pero el EIA de Tía María fue aprobado en el 2014.
El EIA se aprueba y no empiezas al día siguiente a realizar algunas actividades. Pueden pasar meses e incluso años para que se construyan caminos, una caseta. De hecho, no es la primera vez que el OEFA va a la zona. Esta es una evaluación constante y la idea en este caso es identificar, en este momento, cuál es la lectura al día de hoy.
—¿Este equipo va a tomar en cuenta las observaciones que hace la población del Valle de Tambo al EIA?
Para nosotros es muy importante escuchar a la población. Por eso, lo que planteamos es que la mejor forma de hacer un proceso de este tipo es estableciendo un mecanismo de diálogo. Hoy me dijeron en la radio: “ministra se ha dicho que no es verdad que la empresa tenga una propuesta para desalinizar el agua”.
—En el Valle de Tambo saben que se va construir una planta desalinizadora y los cuestionamientos de ellos van más allá de eso. Temen tener a tres kilómetros una mina y se preguntan cómo se puede desarrollar una mina sin que se genere impacto al valle.
Creo que acabas de dar en el tema central de todo este asunto: el temor, la desconfianza. Efectivamente, nosotros entendemos que mientras exista desconfianza y temor no se puede llevar adelante un proyecto como este. Nosotros no lo vamos a imponer. Al contrario, lo que queremos es que la gente tenga la tranquilidad de que los hemos escuchado y hemos entendido su preocupación, y hasta que no existan las condiciones sociales adecuadas para llevar adelante el proyecto no lo queremos imponer.
—Esta semana vence la suspensión de 120 días que dispuso el Consejo de Minería a la licencia de construcción. La empresa no tendría ningún impedimento para iniciar sus obras.
Hemos dicho como Gobierno que queremos inversiones sostenibles, que tienen tres ámbitos: que sean viables económicamente, ambientalmente y socialmente. Esta inversión (Tía María) tiene dos de los tres, pero no tiene el tercero. La propia empresa ha reconocido que no tienen condiciones para iniciar la construcción y ha manifestado públicamente, y está en una cláusula de la licencia de construcción, que hasta que no hayan condiciones sociales no se debe iniciar la construcción. En este clima de conflicto no se puede desarrollar la inversión.
—La particularidad del conflicto en Tía María es que quienes que se enfrentan a los policías ya no son los adultos, sino adolescentes y jóvenes. Supongamos que la empresa tenga la capacidad de esperar 10 ó 15 años más, hay una generación creciendo en este contexto.
Qué es lo que nosotros deberíamos hacer al tomar una decisión firme, ¿quitarle el proyecto a una empresa?, ¿eso es respetar el estado de derecho? Si el Estado hiciera eso, entonces ¿con qué autoridad moral podría pedirle a un ciudadano que cumpla con la ley?, ¿con qué autoridad moral podríamos pedirle a una persona que no tire un papel a la calle, si nosotros mismos no estamos cumpliendo con las leyes y reglas del juego? El sistema nos permite tener soluciones adecuadas. Por eso, una de las condiciones para las inversiones es que exista un clima de paz.
—¿Va a reunirse con los alcaldes o dirigentes del Valle de Tambo?
Espero abrir ese espacio de diálogo. Yo sí estoy dispuesta a reunirme con ellos si se dan las condiciones, y tienen que ser parar la violencia. No podemos radicalizar las medidas sin abrir un espacio de diálogo.
—¿Cuántos días se quedará el equipo del OEFA en campo?
La idea es hacer un lanzamiento de la información lo antes posible, mucho depende de lo que van encontrando en el área. Yo creería que por lo menos una semana.
—El EIA venció el 15 de agosto, ¿ese documento es válido o se tiene que hacer alguna modificación?
Los EIA efectivamente tienen un plazo de vigencia y antes de que termine ese plazo de vigencia las empresas tienen que mostrar que han iniciado algunas de las actividades previstas en el proyecto. La empresa envió un documento al Ministerio de Energía y Minas diciendo que había iniciado algunas actividades menores en el área y es parte de lo que el OEFA está verificando.
—¿Qué actividades menores?
Por ejemplo, la construcción de caminos de acceso, que está dentro del área. No es todavía la construcción de la operación de la empresa. En este momento está vigente el EIA.
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