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La Contraloría General de la República identificó indicios de corrupción en las municipalidades de la provincia de Islay, y de los distritos de Punta de Bombón, Deán Valdivia y Cocachacra, cuyas autoridades apoyaron el paro indefinido contra el proyecto minero Tía María, que inició el pasado 23 de marzo.
Personal de la entidad fiscalizadora encontró tales indicios tras investigaciones realizadas desde marzo de este año. Por ello, ha dispuesto una acción de control para determinar responsabilidades civiles y penales por mal uso de recursos públicos, que se habrían suscitado entre marzo y abril.
¿Qué se halló?De acuerdo a la Contraloría, las presuntas irregularidades se relacionan al manejo de fondos en efectivo en la modalidad de anticipos o encargos internos por cerca de S/. 500.000 cuyo uso y destino se desconoce.
Otras irregularidades detectadas en las comunas hablan de adquisiciones direccionadas, deficiencias en el manejo de ingresos por recursos directamente recaudados, uso inadecuado de vehículos y contrataciones sin procesos.
También se observó fraccionamientos en procesos para bienes y servicios, direccionamiento para la formulación de expedientes técnicos y sin sustento legal y atención de requerimientos de adquisiciones de bienes y servicios en forma posterior a las necesidades.
La entidad precisó que las comisiones auditoras fueron recibidas por los alcaldes Richard Ale (Provincia de Islay), José Ramos (Punta de Bombón), Jaime de la Cruz (Deán Valdivia), y Helar Valencia (Cocachacra).
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