El Consejo de Minería, el ente autónomo adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem), resolvió declarar infundados los tres recursos de revisión presentados contra la licencia de construcción del proyecto minero Tía María. Por lo tanto, se mantiene la licencia entregada por la Dirección General de Minería (DGM) a Southern Perú. La licencia, a través de la Resolución N° 328-2019 del 8 de julio, autorizó el inicio de la etapa de construcción de la concesión de beneficio en los distritos de Mejía y Cocachacra, en la provincia arequipeña de Islay.
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Durante la audiencia oral o vista de causa, que se realizó el pasado 7 de octubre, cada una de las partes expuso sus razones sobre los recursos de revisión presentados contra Tía María. A partir de ese momento, se tuvo un plazo de 15 días hábiles para que el Consejo emita su resolución, que finalmente fue dada a conocer este miércoles.
Los recursos comprendieron los presentados el 19 de julio por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica; el del 23 de julio presentado por el Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A.; y el del 31 de julio, presentado por la Junta de Usuarios del Valle de Tambo.
El recurso de revisión se tramita en la vía administrativa y se puede presentar en un plazo de 15 días hábiles. Este recurso de impugnación se presenta al Minem y luego este lo eleva a la última instancia administrativa, que es el denominado Consejo de Minería.
Los argumentos de los recursos de revisión
► La ausencia de motivación suficiente para emitir la autorización de construcción.
► Se ha autorizado realizar la construcción en un “ecosistema frágil”.
► La autorización ha sido emitida sin que se hayan absuelto las observaciones señaladas en el informe que sustentó la resolución.
Uno de los argumentos del recurso de revisión presentado radicaba en que la zona donde se ejecutará el proyecto Tía María-La Tapada tiene una sobreposición de un “ecosistema frágil”, denominado Lomas de Cachendo, que fue incorporado por el Ministerio de Agricultura (Minagri) a través de Serfor. Según el Gobierno Regional de Arequipa, se trata de terrenos protegidos en donde no se pueden realizar actividades extractivas.
Este ecosistema tiene una extensión de 8.092 hectáreas, “de las cuales el proyecto minero pretende destruir más de 809 hectáreas”.
Respecto a la planta desalinizadora, el recurso del Gobierno Regional de Arequipa indica que esta no tiene autorización ni Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el uso de agua de mar, y que tampoco cuenta con los terrenos para construir la planta.
Además, se indica que el proyecto Tía María-La Tapada se desarrollará en 1.190 hectáreas propiedad del Gobierno Regional de Arequipa. Pero, de esta extensión, la empresa no cuenta con la autorización de uso de terreno superficial, pero que sí existe una autorización de servidumbre de 49 hectáreas entregadas en la gestión 2015-2018. El gobernador de Arequipa anuló esta servidumbre este jueves.
En el caso de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, el abogado recordó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio de Proyectos (Unops) realizó 138 observaciones al primer estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto, por lo que este era “inviable”, ya que a la fecha no hay “otro órgano internacional que diga lo contrario”.
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