Todos los años, las temperaturas descienden a niveles insoportables en regiones de la sierra del Perú. Todos los años, también, en localidades del Ande fallecen decenas de niños por el frío que penetra sus pulmones. Solo de enero a julio de este año unos 130 menores de 5 años murieron por las heladas.
Pero los fenómenos naturales en el país van más allá de las heladas y los friajes. Nuestro territorio se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en la que se registra aproximadamente el 80% de los movimientos sísmicos en el ámbito mundial. Esto nos expone a terremotos, tsunamis y actividad volcánica.
En lo que va del año, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) registró 2.508 emergencias por desastres naturales en el país. Estas dejaron 146 fallecidos, 66 desaparecidos, 637 heridos, 78.773 damnificados y miles de viviendas y hectáreas de cultivo destruidas. A esto se suma la inminencia de la llegada de lluvias y consecuentes huaicos e inundaciones. El fenómeno de El Niño amenaza.
Tras evaluar esta situación, el Gobierno declaró en estado de emergencia a 1.264 distritos de 14 departamentos por El Niño, y a 335 distritos de 10 departamentos por las heladas.
A PASO LENTOAunque pase desapercibido, desde el 2011 el Perú cuenta con un marco normativo para identificar y reducir los riesgos asociados a los peligros, mediante estudios de vulnerabilidad, y planes de respuesta y rehabilitación, entre otros aspectos.
Se trata del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), que involucra a entidades públicas de todos los niveles de gobierno, al sector privado y a la ciudadanía en general. Sin embargo, su implementación marcha muy lenta.
Ese sistema está formado por 1.934 entidades públicas; de ellas, 1.863 son gobiernos locales y regionales. Estos últimos representan la mayor parte del Sinagerd: 92%.Para reducir la vulnerabilidad de la población, en el marco del Sinagerd, hace un año se aprobó el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Planagerd) 2014-2021.
Esa estrategia advertía que a tres años de la ley de gestión de riesgos el proceso de implementación mostraba una limitada capacidad operativa de las entidades del Sinagerd.
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