Hace pocos días los 25 gobiernos regionales cuestionaron dos disposiciones aprobadas en la Ley General del Presupuesto 2016. Según las autoridades, estas perjudicarían la operación del Seguro Integral de Salud (SIS), al que están afiliados 16 millones de peruanos.
La primera razón que las regiones esgrimían era que el artículo 37.1° de ley que regula dicho seguro les impediría contratar con recursos del SIS –y bajo la modalidad de servicios temporales conocido como CAS– a unos 10 mil trabajadores de salud.
En diálogo con El Comercio, el ministro de Salud, Aníbal Velásquez, descartó que la ley de presupuesto vaya a impedir la contratación de los 9.191 trabajadores de salud que este año fueron pagados con recursos del SIS.
“Hubo una mala interpretación. A estos trabajadores se les renovará contrato, lo que no se va a permitir es que el SIS financie nuevas contrataciones”, afirmó el titular del Minsa.
La medida se tomó a raíz de que se detectó un mal uso de los recursos de la aseguradora pública. “Algunas regiones usaron el dinero del SIS para cubrir su brecha de personal y descuidaron la adquisición de medicinas, insumos, siendo esta una prioridad para la atención de los asegurados”, dijo Velásquez.
Aunque el ministro es consciente de que en el país faltan 16 mil médicos especialistas, reiteró que no es saludable que se use dinero del SIS para superar esta brecha.
[Lea más en nuestra edición impresa]