Para asestar el primer golpe a Los Dragones Rojos, organización criminal que operaba en el norte de La Libertad acusada de asesinatos y extorsiones, las autoridades desplegaron una labor de inteligencia de casi cinco meses. Era una de las mafias que mayor patrimonio había amasado en esa región, atacando a empresarios y transportistas de Chepén y Pacasmayo.
Según las investigaciones, los Dragones Rojos eran dirigidos por Pablo Parizamán Alcántara y William Cerdán Mejía, quienes estaban presos en los penales de Picsi (Chiclayo) y Castro Castro (Lima), respectivamente.
En marzo del 2015, cuando la organización acechaba terrenos del Proyecto Especial Chavimochic para invadirlos y venderlos, la policía capturó a 30 de sus integrantes. Meses después cayeron otros 17 que buscaban reestructurar el grupo delictivo; en el 2016, cuatro más.
Sin embargo, el miércoles pasado, en el adelanto de lectura de sentencia, el Poder Judicial resolvió absolver del cargo de asociación ilícita para delinquir a los 51 detenidos.
Hasta ese día, solo 11 de los 51 acusados estaban en cárcel. Dos semanas atrás, la fiscalía había retirado acusación a 9; de los restantes, 7 habían sido excarcelados poco después del inicio del proceso y 20 por exceso de prisión preventiva. El resto eran menores de edad.
De esos 11 procesados en prisión, solo tres serán liberados, pues los otros ocho afrontan diversos juicios.
—Se culpan—Según argumentó el Poder Judicial, las pruebas presentadas por la fiscalía no sustentaban las responsabilidades de los denunciados. Además, informó que la fiscalía no presentó en el proceso las declaraciones de los testigos con identidad reservada.
El magistrado del Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, Juan Luján Castro, defendió el fallo del colegiado que integra y dijo que la información brindada por los testigos presenciales era muy incierta.
“Condenamos cuando hay pruebas contundentes; cuando no hay pruebas, no. Así de sencillo”, dijo el juez.
En respuesta a ello, el fiscal a cargo del caso, José Pagaza Guerra, aseguró que brindó pruebas que demostraban la existencia de la organización criminal.
“Los colaboradores eficaces indicaron cómo actuaba la organización, quiénes eran los cabecillas, los integrantes y cómo se comunicaban. Los testimonios fueron contundentes”, dijo el fiscal.
En cuanto al retiro de la acusación penal a nueve presuntos integrantes de la mafia, Pagaza dijo que esto se decidió porque los testigos con código de reserva no asistieron al juicio por temor a represalias y, en consecuencia, fue imposible probar las responsabilidades.
El coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, indicó a El Comercio que con este fallo el Poder Judicial ha enviado en Trujillo un mensaje de impunidad que irradia a otras ciudades del norte, como Chiclayo y Piura.
“Esto es escandaloso. Se trata de una sentencia con la que declaran inocentes a todos los detenidos. Es inaudito”, comentó Chávez.
La lectura completa de la sentencia se realizará el próximo 17 de setiembre. El fiscal José Pagaza indicó que tras ello tiene cinco días para apelar. No descarta presentar una queja contra los tres magistrados que absolvieron a los acusados.
Síguenos en Twitter como @PeruECpe
Contenido Sugerido
Contenido GEC