Una década buscando justicia después de ser golpeada y violada en una comisaría

El próximo año, por estas fechas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría dar su veredicto en el caso de Azul Rojas Marín, una mujer trans que en el 2008 fue golpeada y violada en una comisaría de La Libertad. En más de una década, ninguna investigación por su caso prosperó y nadie fue sentenciado como culpable.

Esta es la última oportunidad que tiene ella para reclamar justicia ante un caso de tortura sexual por discriminación contra un miembro de la comunidad LGTBI. 

►La historia de Azul: una década buscando justicia después de ser golpeada y violada en una comisaría

Azul, como prefiere que la llamen, es, para el Estado, Luis Alberto Rojas Marín, tiene 37 años y vive en La Libertad. En el 2008 apenas había comenzado su transformación.Tenía el cabello largo y vestía ropa más ajustada. 

La noche del 25 de febrero del 2008 en Ascope, a 40 minutos de Trujillo, un patrullero la divisó y le cortó el paso. “¿A dónde vas, c...?”, le gritaron los agentes. Eran dos policías y tres miembros de serenazgo. Un par de ellos bajaron del vehículo y le pegaron un varazo en el estómago. La redujeron, la subieron al patrullero y la llevaron a la comisaría de la localidad, donde continuaron ensañándose con ella. 

“Uno de ellos me metió de los pelos a una sala de investigación. Dos policías más se le unieron para insultarme, darme cachetadas y pegarme con la vara en el estómago. Me cogieron de los pelos, me voltearon contra la pared. Yo les preguntaba por qué me hacían eso. Ellos me manoseaban. Quise escapar, pero me cogieron de los brazos y me desvistieron”, recuerda Azul.

Azul cuenta que fue violada y que quedó desnuda por seis horas. La dejaron tirada y encerrada. “Ya no tenía fuerzas, solo les rogaba que me dieran agua”, relata la denunciante.

A las seis de la mañana llegó otro policía de apellido Vilca. –¿Qué te ha pasado? –le preguntó. –Me lo han hecho los policías.

Según Azul, el agente no mostró mayor compasión. Solo le devolvió la ropa y le ordenó que se fuera a casa. Al llegar, le contó a su madre lo sucedido y ella la acompañó a presentar una denuncia. Fue en vano.

En la comisaría, ningún policía aceptaba tomar una declaración en contra de sus compañeros. En la fiscalía tampoco tuvo suerte, aun cuando el médico legista anotó todas las lesiones que presentaba Azul y concluyó que la habían violado con un objeto. “La fiscal me dijo que no podía creer mi versión porque yo era homosexual y no se podía probar que me habían violado porque yo tenía relaciones con hombres”, explica la denunciante.

La defensa de Azul logró que el caso pasara a manos de otro fiscal, quien pidió prisión preventiva contra dos de los suboficiales involucrados: Dino Ponce Pardo y Luis Miguel Quispe Cáceres. Ambos fueron recluidos en el penal de Trujillo el 11 de abril del 2008. Estuvieron solo cinco días en prisión debido a que presentaron una medida cautelar.

La investigación por tortura y violación sexual contra los policías no prosperó. “Solo se inició un proceso por el delito de abuso de autoridad, cuya pena no excede los tres años de prisión, pero los agentes tampoco recibieron sanción por eso. En la fiscalía dijeron que los policías habían seguido pasos rutinarios”, cuenta la abogada Anaya. 

Muchos años después, y con la asesoría de Promsex, Azul acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta, tras analizar su demanda, concluyó que el Estado había incumplido en su deber de investigar y sancionar los atentados contra Azul. Hizo varias recomendaciones al Estado y, como este siguiera sin admitir ninguna responsabilidad, en agosto del 2018 la comisión sometió el caso a la Corte IDH.

Actualmente, se ha reabierto el caso por violencia sexual en contra de Azul. La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial está a cargo de la investigación, que por el momento se encuentra a nivel preliminar.

—La Corte IDH—​“Este es el primer caso por tortura sexual que ve la Corte”, dice Edith Arenaza, abogada de Promsex que representa a la agraviada. “Ayer hubo una audiencia y se le ha dado al gobierno peruano un plazo hasta el 30 setiembre para presentar información adicional. Tras recibirse los alegatos escritos de ambas partes, la corte los analizará. No hay un tiempo para que dé su veredicto, pero, por experiencia, podría ser en un año”, añade. 

Además de una reparación, Azul y Promsex están pidiendo que el Estado elabore un protocolo de actuación en casos de delitos motivados por una discriminación u odio contra la comunidad LGTBI.