En el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, La Libertad, está el cerro El Toro. En ese lugar dominado por la minería ilegal no es extraño que la gente muera sepultada en socavones, golpeada por una piedra tras una explosión o por un balazo. En El Toro la muerte es cosa de todos los días.
La extracción irracional de oro en El Toro empezó en el 2000. Hoy, los mineros ilegales han destruido las faldas y la parte central del cerro con socavones y docenas de pozas de cianuro. En la cima, empresas formales sacan el metal a tajo abierto y algunas han sido denunciadas por contaminar el ambiente y dañar escuelas.
El Toro es el punto más emblemático de la minería ilegal de La Libertad. Ahí se ha desatado un conflicto entre la minería informal y la formal por el dominio de la tierra, según un informe de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, al que El Comercio tuvo acceso. Asimismo, reportes policiales indican que en el lugar también confluyen mafias de narcotraficantes.
—Tierra de nadie—
El Toro está a 3.580 metros sobre el nivel del mar y a 3,5 kilómetros de la Plaza de Armas de Huamachuco, capital de la provincia. Llegar a él no es difícil por distancia. Sí lo es por las tranqueras y vigilantes armados que impiden el ingreso de extraños al cerro.
En El Toro, El Comercio encontró a Carlos, un minero de unos 40 años. Él acababa de salir de un socavón en el que respiró tóxicos. “No importa si muero en tres años, mientras deje algo los míos”, dice. Según el informe de la gerencia regional, mineros ilegales relativamente jóvenes llegan a menudo al hospital de Huamachuco. Ahí se les diagnostica tuberculosis y neumoconiosis (una enfermedad producida por la infiltración de minerales en el aparato respiratorio).
La mayoría de muertes violentas que se dan en El Toro no se denuncian. “Las mineras ofrecen dinero a las familias para que no denuncien y se callen”, añade el informe. El fiscal Henry Espinoza lo confirma: “Más barato les sale pagar 3.000 o 4.000 soles que ir a un juicio”.
—Daño para todos—
Alrededor de El Toro están los caseríos de Coigobamba, Shiracmaca, Paranshique, El Toro y Santa Cruz. Más de mil familias habitan ahí y a todas les afecta la contaminación. “La cercanía de las pozas de cianuro ha afectado la salud de los escolares, que sufren dolores estomacales y alergias en la piel, sin dejar de lado las detonaciones, que han debilitado las paredes de los colegios”, dice Segundo Moreno, jefe de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sánchez Carrión.
En épocas de lluvia, las aguas lavan literalmente los relaves mineros y contaminan los ríos. La Gerencia Regional de Agricultura calcula que se han perdido 150 hectáreas de tierras de cultivo por la expansión de El Toro.
La mayoría de adolescentes que trabaja en los socavones de El Toro estudia en colegios no escolarizados. Las familias que viven alrededor del cerro subsisten gracias a la venta de las pequeñas cantidades de oro que logran obtener. Incluso se ha visto a niños extraer el mineral.
El oro que se obtiene en El Toro se vende a S/120 el gramo y es de buena calidad. Ya no se procesa en Ica, sino en la misma montaña, por eso la gran cantidad de pozas de cianuro. El punto de venta es también el mismo cerro. 
—Dato—
Tres mil mineros ilegales operan en el cerro El Toro, en La Libertad, según la PNP. No se sabe cuánto oro es extraído anualmente de ahí.
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—Nuevos plazos para la formalización minera—
Mediante un decreto legislativo –y en virtud a las facultades que delegó el Congreso en el Ejecutivo–, el gobierno amplió hace unos días el plazo para la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.
Según la norma, el proceso de formalización minera –ahora llamada integral– tendrá vigencia hasta junio del 2020. Para este año se espera que los pequeños mineros y mineros artesanales que cumplan con ciertos requisitos se inscriban en el Registro Integral de Formalización Minera entre febrero y junio.
Como disposición complementaria se determina que los titulares de concesiones otorgadas en Madre de Dios antes del 2010, en áreas declaradas como zonas de exclusión minera, pueden inscribirse en el registro.
Vale señalar que los beneficios del nuevo decreto no alcanzan a los mineros ilegales, es decir, aquellos que operan en espacios prohibidos como zonas protegidas por el Estado.