El suspendido alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, podría ser trasladado a la Base Naval del Callao o la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, en Puno, si continúa negándose a ingerir los alimentos que se le entregan en el Penal de Chiclayo o si se resiste a tomar los medicamentos para controlar la diabetes e hipertensión que padece.
Así lo informó Henry Cotos Ochoa, representante del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en Chiclayo, luego de asistir a una reunión en la que las autoridades regionales analizaron el serio problema de hacinamiento que afronta el penal, ubicado en Picsi.
Según se informó, el recinto opera al 280% de su capacidad, pues alberga a 2.970 internos, cuando solo está habilitado para 1.100 presos. Ello ha obligado a que haya celdas incluso en los baños del local.
“No nos va a temblar la mano para sancionar al interno o interna que pone en riesgo su propia vida y quiebre las normas. [Torres] ha incurrido en faltas graves y eso tiene sanciones que van desde 45 días de aislamiento total hasta ser trasladado a un régimen cerrado especial“, dijo a El Comercio.
Entre las conclusiones de la reunión figuran un plan para declarar en emergencia el penal, a fin de evitar que los S/.150 millones destinados para la ampliación sean redireccionados a otros proyectos.
Las obras de ampliación del recinto fueron suspendidas debido al rechazo de la población de Picsi, que lo culpan de los problemas de abastecimiento de agua para los 7 mil habitantes del distrito.
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