Un grupo de trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán protestó este viernes frente a la sede del Primer Juzgado Civil de Chiclayo, en la región Lambayeque, ubicada en la calle 7 de Enero.
Los manifestantes llegaron al lugar a las 8:30 a.m. para exigir la celeridad en la subrogación presentada días atrás. Ellos piden que Coali S.A.C., empresa vinculada a Edwin Oviedo Pichotito, sea apartada de la conducción de la azucarera, luego de que el representante del referido juzgado, Ari Terrones, ordenara, meses atrás, la reinstalación de la administración judicial a raíz de una supuesta deuda de Tumán con la misma compañía.
En el lugar, los trabajadores protestaron con ollas, carteles, pancartas, machetes y muñecos con el rostro de Edwin Oviedo, además, lanzaron huevos a la fachada. Durante la protesta, la sede institucional cerró sus puertas y hubo presencia policial.
En respuesta a lo sucedido, el Grupo Oviedo objetó, mediante una nota de prensa, “las continuas marchas [que este grupo de trabajadores hace] al Poder Judicial para presionar al juez del Primer Juzgado Civil […] y lograr sus objetivos”.
Criticó, además, que la actual administración judicial de la azucarera haya sido usurpada por un grupo de trabajadores el 4 de octubre, cuando “tomó por asalto” las instalaciones de la compañía. “A consecuencia de esta usurpación en la que se encuentra la empresa, no es posible asumir la defensa de los procesos judiciales civiles y laborales, puesto que las notificaciones son enviadas a la empresa y esta se encuentra tomada por estas personas”, añadió.
De acuerdo con una pericia contable que solicitó la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Chiclayo, en poco más de nueve años, la administración de Edwin Oviedo dejó un total de S/1.338 millones en pérdidas.
Al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), además, se le imputa ser el cabecilla de la organización criminal Los Wachiturros de Tumán y “autor mediato” del asesinato de los ex dirigentes sindicales Manuel Rimarachín Cascos [11-10-2012] y Percy Farro Witte [13-05-2013]. Según la denuncia fiscal, ordenó matar a ambos porque organizaban protestas en su contra y entorpecían su gestión al frente de la azucarera.
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